El Monitor Educativo Liceal es una herramienta para el análisis de la situación educativa, que facilita el acceso a datos estadísticos sobre estudiantes y centros de enseñanza de educación secundaria de todo el país.
Además de Caggiani, asistieron a la presentación del director y la subdirectora general de Educación Secundaria, Manuel Oroño y Sandra Peña; la coordinadora del departamento de Estadística, Leticia Marziotte y el asesor de la dirección de Planeamiento Educativo, Damián González.
El beneficio económico, dirigido a estudiantes que cursan Educación Media, ampliará su cobertura de 14.000 a 70.000 estudiantes al terminar el período de Gobierno, anunció el presidente de ANEP, Pablo Caggiani.
En la presentación del Monitor Educativo Liceal, el titular de la Administración Nacional de Educación Pública, Pablo Caggiani, sostuvo que los desafíos en la educación media son estructurales y que es necesario realizar un abordaje integral.
En esa línea, destacó que existe un conjunto de acciones incluidas en el presupuesto quinquenal donde destaca el aumento significativo en el número de becas Butiá, consistente en un apoyo económico destinado a estudiantes de educación media.
El beneficio alcanzaría a 70.000 jóvenes hacia el final del período. Añadió que esto implicaría llegar a uno de cada cuatro estudiantes para asegurar su continuidad educativa.
Asimismo, destacó otras acciones que se están implementando como la extensión del tiempo pedagógico, que genera mayor sentido de pertenencia al centro educativo y una relación de continuidad dentro del sistema.
También recordó que se duplicará la cantidad de estudiantes que reciben alimentación en educación media básica y destacó la elaboración de hojas de ruta para promover la asistencia, la culminación de ciclos y la mejora en los aprendizajes.
En el encuentro entre el presidente de la República, Yamandú Orsi, y la junta directiva de la ARU se abordaron varios artículos del Presupuesto Nacional. El mandatario aseguró que existe un vínculo bueno y permanente.
El presidente Yamandú Orsi arribó al predio de la 120.ª Exposición Internacional de Ganadería y Muestra Agroindustrial y Comercial Rural del Prado, sobre el mediodía del miércoles 10, donde se reunió con la junta directiva de la Asociación Rural del Uruguay (ARU).
El mandatario estuvo acompañado del secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez; el ministro y el subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti y Matías Carámbula, respectivamente.
Al finalizar el encuentro, en diálogo con la prensa, Orsi destacó el vínculo permanente que tiene este Gobierno con la organización. Recordó que se reunieron muchas veces y que tienen “varios teléfonos abiertos” entre sí. “Es lo primero que reconocen y piden”, dijo.
El principal tema de la reunión fue el Presupuesto Nacional, centrado en algunos artículos vinculados a campo natural, a algunos productos que se importan y a aspectos tributarios con las comunas, informó.
Agregó que también conversaron sobre los mercados, las posibilidades, los nuevos vínculos, las señales que están recibiendo de países del Golfo Pérsico y cómo está el concierto internacional, que para el sector agroexportador es importante.
Tanto al arribar al predio ferial, como antes de retirarse, Orsi recorrió algunos stands e intercambió con visitantes que se acercaron a saludarlo.
Condena de hombre por homicidio muy especialmente agravado.Fue penado a 18 años de penitenciaría.
El pasado 31 de agosto de 2024, en horas de la tarde se tomó conocimiento del homicidio de un hombre de 42 años de nombre Pablo Javier PONCE, hecho ocurrido en el interior de un bar ubicado en calle Ituzaingó de la ciudad capital del departamento.
A la escena del hecho concurrieron policías de Comisaría 2°, así como emergencia móvil, constándose tal situación, derivándose el procedimiento a la referida Dirección, bajo la dirección de Fiscalía de 2° turno.
Cumplidas las investigaciones se pudo establecer que no sería ajeno a los hechos un hombre de 21 años, disponiendo el Juzgado Penal de la causa la formalización de la investigación fiscal iniciada respecto al imputado por la presunta comisión de “un delito de homicidio muy especialmente agravado”, disponiendo la prisión preventiva por el término de 150 días.
El 03 de septiembre del presente año el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Tacuarembó de 1.º Turno dispuso, la condena del hombre de iniciales S.N.B.R., de 22 años, como autor penalmente responsable de un delito de homicidio muy especialmente agravado, a la pena de 18 años de penitenciaría, de cumplimiento efectivo.
fuente Jefatura Tacuarembo
Trabajó en la operación la Brigada Departamental Antidrogas de Tacurembó, resultando un hombre condenado a la pena de 2 años y 8 meses de penitenciaría.Los investigadores trabajaron ante la posible existencia de una boca de venta de estupefacientes en una casa ubicada en calle 18 de Julio de la capital departamental.
Las tareas para el esclarecimiento del hecho requirieron vigilancias, seguimientos y averiguaciones, reuniéndose elementos para determinar la existencia de actividades ilícitas en el lugar.
Enterada la Fiscalía de 2.° Turno de las actuaciones efectuadas, se tramitó la orden de allanamiento, la que se cumplió con el apoyo del Grupo de Respuesta Táctica (GRT).
Se incautaron sustancias estupefacientes, dinero en efectivo, balanzas de precisión, celulares, televisores, entre otros efectos.
En este acto fue detenido y puesto a disposición de la justicia, un hombre de 37 años, poseedor de antecedente penal por delito relacionado a la comercialización de estupefacientes.
Celebrada la audiencia en el Juzgado Letrado de Primera Instancia de 5.° Turno se decretó la condena de Alberto Fabricio Camacho Perdomo, como autor penalmente responsable de “un delito de tenencia de estupefacientes no para su consumo” a la pena de 2 años y 8 meses de penitenciaría.
La obra teatral «Pueblo Chico», con un elenco íntegramente tacuaremboense, se estrena hoy, 5 de setiembre, en el Teatro Escayola a las 20 hs. Las entradas para esta función inaugural se encuentran agotadas. Una nueva función está programada para el domingo 7 de setiembre, también con sala llena.
Dirigida por Natalia Soboredo, la obra presenta a la familia Campomar en un entorno donde la realidad se adapta a un sueño ancestral. La trama explora la colisión entre la esperanza y la realidad, con la participación de personajes como Don Jaimecito, Blanca, Cristina y Feliciano. La llegada de Camilo Buenaparte, un forastero, actúa como catalizador en la narrativa.
El elenco está compuesto por Mayra Bordagorry, Matías Camacho, Sebastián Coelho, Claudia Pedrozo y Pablo Vera. La música original fue creada por Federico Cáceres. William Soboredo, fundador del grupo Arlequín, también participa en la producción.
fuente IMT
Pertenecían al Servicio General de Identificación Personal de Santa Cruz. Ahora enfrentan cargos por la presunta entrega irregular de cédulas de identidad al narcotraficante uruguayo
Cinco ex funcionarios del Servicio General de Identificación Personal de Bolivia (Segip) enfrentan procesos por haber presuntamente facilitado documentos de identidad bolivianos al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset de manera irregular.
El ex director del Segip, Alpacino Mojica, informó que se presentó la denuncia formal “contra aquellos servidores públicos que lo atendieron” y que estuvieron involucrados en el otorgamiento de las cédulas con otra identidad. Los cinco procesados ingresaron a la institución en abril de 2017 y fueron retirados en noviembre de 2023, tras los indicios que los vinculan con Marset.La acusación sostiene que la obtención de una cédula de identidad boliviana le permitió al narcotraficante moverse libremente dentro del país, participar en actividades públicas del ámbito deportivo y consolidar su red criminal vinculada al tráfico de drogas.
El inicio del juicio oral estaba previsto para este miércoles pero fue suspendido sin fecha de reanudación. Mojica señaló ante los medios locales que pedirán la máxima condena para los acusados.El caso ha puesto en debate las posibles deficiencias en los controles institucionales del sistema de identificación nacional, apuntando a una falta de transparencia y supervisión que podría haber permitido irregularidades administrativas. Los procedimientos que se discuten en el juicio involucran una revisión exhaustiva de los criterios y protocolos utilizados en la emisión de documentos oficiales, y a quiénes estuvieron detrás de su expedición.
Este proceso judicial no solo adquiere relevancia por el perfil del acusado, denunciado por el delito de narcotráfico y buscado por varios países, sino también por su potencial impacto en la credibilidad del Segip como institución pública.
La presencia de Sebastián Marset en Bolivia se confirmó en 2023, cuando un operativo policial de gran envergadura en Santa Cruz de la Sierra intentó capturarlo en la vivienda donde residía junto a su familia. Marset consiguió escapar del operativo y se encuentra prófugo desde entonces, bajo la búsqueda de distintas agencias policiales de la región.
En julio de 2024, su esposa Gianina García Troche, fue capturada en España y extraditada un año más tarde a Paraguay, bajo fuerte dispositivo de seguridad policial y militar, donde era requerida por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico.
Durante su estadía Bolivia, Marset formó parte del equipo Los Leones El Torno FC, en el que figuraba con otra identidad como jugador y parte del directorio del club, actualmente suspendido. Las autoridades bolivianas también vinculan a Marset con negocios relacionados al ámbito del entretenimiento.
Marset enfrenta acusaciones por narcotráfico, lavado de dinero y uso de identidades falsas en diferentes países. En 2012 fue detenido en Uruguay por posesión de armas y drogas, pero años después reapareció en el radar internacional como parte de una estructura criminal transnacional. En 2021 fue arrestado en Dubai por portar un pasaporte paraguayo falso, aunque consiguió recuperar su libertad antes de que prosperaran las solicitudes de extradición.
En Paraguay, está acusado de ser el autor intelectual del asesinato del fiscal Marcelo Pecci, ocurrido en mayo de 2022 en una playa de Colombia. Pecci era un fiscal especializado en crimen organizado y narcotráfico, y estaba a cargo de investigaciones que afectaban directamente a redes internacionales de drogas.
Actualmente el capo uruguayo es considerado un fugitivo de alto perfil y uno de los objetivos prioritarios para las agencias de seguridad de la región, al ser considerado un actor clave dentro del tráfico internacional de drogas.
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El mandatario brasileño expresó su preocupación por las iniciativas discutidas en el Parlamento que podrían eximir de responsabilidad penal a quienes están procesados por los hechos ocurridos en las sedes del poder en Brasilia en enero de 2023
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, llamó este jueves a una movilización social contra el proyecto de ley que busca la amnistía de quienes participaron en el intento de golpe de Estado tras las elecciones presidenciales de 2022, entre ellos el ex mandatario Jair Bolsonaro. Durante su visita a una comunidad en el estado de Minas Gerais, Lula advirtió sobre el riesgo de que el Congreso Nacional, dominado por sectores conservadores, apruebe la propuesta impulsada por la oposición, encabezada por el Partido Liberal (PL)
LULA DA SILVA ,Presidente de Brasil Foto Reuters
“Si se vota en el Congreso, corremos el riesgo de una amnistía. Porque el Congreso, como saben, no es un congreso elegido por las comunidades periféricas”, expresó el líder brasileño.
En un encuentro con influencers, Lula subrayó la importancia de la participación ciudadana para frenar la medida.
“La extrema derecha todavía tiene mucho poder. Por tanto, es una batalla que también debe ser librada por la ciudadanía (…). Brasil solo tiene un dueño, el pueblo brasileño. Las comunidades tienen al mejor representante: ustedes”, afirmó.
El proyecto de ley propone otorgar indulto a todos los condenados por el intento de golpe del 8 de enero de 2023, incluyendo no solo a los autores materiales, sino también a los financiadores, promotores y organizadores de los disturbios que resultaron en el asalto y daños a las instituciones estatales.
“Espero que se haga justicia, respetando el derecho a la presunción de inocencia de los procesados. Quiero que Brasil conozca la verdad y solo la verdad. Él puede defenderse como yo no pude. Y no me quejé, no lloré, luché. Si es inocente, que demuestre que lo es”, expresó Lula.
El actual presidente también remarcó la importancia de la transparencia en el proceso judicial y sostuvo que “la gente solo tiene que ser sincera” y relatar los hechos de forma fidedigna.
“Nadie necesita inventar nada. Lo que está sucediendo es que los hechos están saliendo a la luz. La gente está empezando a darse cuenta del desastroso periodo de la historia brasileña que vivimos”, agregó Lula.
Por su parte, Bolsonaro presentó el pasado 14 de agosto ante el Supremo Tribunal Federal (STF) un pedido formal para ser absuelto en el juicio donde se lo acusa de encabezar un supuesto complot golpista. En el escrito entregado a la Corte, la defensa de Bolsonaro sostuvo que no existen pruebas que respalden ninguno de los cinco delitos atribuidos al ex mandatario y rechazó que hubiera intentado obstaculizar la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones presidenciales de 2022.
En la etapa final del juicio, los abogados defensores del hombre de 70 años argumentaron que “no hay cómo condenar a Bolsonaro con base en las pruebas producidas en los autos, que demostraron que él determinó la transición (de Gobierno), evitó el caos con (las protestas de) los camioneros y le dijo a sus electores que el mundo no acabaría el 31 de diciembre (con el fin de su Gobierno)”.
Congreso argentino revierte el veto de Milei a ley de discapacidad, un hecho inédito en 22 años
El Congreso argentino revirtió este jueves por primera vez un veto del presidente Javier Milei y dejó firme esta ley
El revés político ocurre en el peor momento del gobierno jaqueado por un escándalo de supuestos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad e involucran de manera directa a Karina Milei.El Congreso argentino revirtió este jueves por primera vez un veto del presidente Javier Mileiy dejó firme una ley que declara la emergencia en discapacidad y obliga al Estado a aumentar los fondos de asistencia, un hecho inédito en el país en 22 años.
El Senado argentino revirtió este jueves por amplia mayoría el veto de Milei a la ley de emergencia en discapacidad, después de que la Cámara de Diputados diera luz verde a esta moción de rechazo el pasado 20 de agosto.
La norma que obliga al gobierno a garantizar la financiación adecuada de las pensiones con discapacidad y fortalecer la asistencia para ese sector, que había sido aprobada por el Congreso el pasado 10 de julio y vetada a través de un decreto presidencial el 2 de agosto, deberá entrar en vigor.
La Cámara Alta rechazó el veto por 63 votos a favor de la ley de discapacidad, siete en contra y ninguna abstención.
«Este honorable Senado resuelve insistir en la sanción original del proyecto de ley que declara la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2026. En consecuencia, el proyecto de ley es ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación», indicó el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala.
Alejandra Vigo, senadora del bloque opositor Unión Federal por la provincia de Córdoba, consideró «inhumano» el veto de Milei y expresó que la iniciativa tenía que «ser ley, no solamente por los discapacitados, sino por toda la sociedad».
Debido al severo ajuste aplicado por el Gobierno de Milei, los discapacitados han sufrido recortes en la asistencia que necesitan, mientras que algo más de 100.000 sufrieron la cancelación de sus pensiones en las últimas semanas.
El revés político ocurre en el peor momento del gobierno jaqueado por un escándalo de supuestos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), en un caso que investiga la Justicia.
Durante el debate en el pleno de la Cámara Alta, numerosos senadores se explayaron sobre el escándalo de corrupción que se desató el pasado 20 de agosto, a partir de la difusión de audios que detallaban un esquema de sobornos en Andis e involucran de manera directa a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Audios atribuidos al extitular de la Andis, Diego Spagnuolo, despedido en cuanto estalló el escándalo, atribuyen a Karina Milei el cobro de sobornos por un 3% de los pagos de medicamentos.
El presidente aseguró que son «mentiras», denunció «espionaje» y un juez ordenó cesar la difusión de los audios de Karina Milei.
«Para tapar un hecho de corrupción van con una estrategia mediática y judicial (…) Nada de Karina, el jefe de la banda es el hermano», acusó el senador opositor José Mayans.La senadora peronista Juliana di Tullio resaltó que son las personas con discapacidad «las que le están poniendo un freno a este Gobierno y al presidente Javier Milei».
La senadora Guadalupe Tagliaferri (Propuesta Republicana) explicó que la discapacidad no es un problema privado sino del Estado, y afirmó: «Cuando me pregunten de donde sale la plata para financiar esta ley, les voy a contestar que sale del sobreprecio y la coima».
El pasado 2 de agosto Milei firmó el decreto que vetaba la norma bajo el argumento de que su aplicación conspira contra el objetivo del equilibrio en las cuentas públicas, las cuales lograron en los primeros siete meses del año un superávit primario equivalente al 1,1 % del PIB.
Según cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la ley de emergencia en discapacidad tiene un coste fiscal de entre el 0,28 % y el 0,51 % del PIB.
El presidente, quien ha vetado otras iniciativas similares como el aumento de emergencia del 7,2 % de las jubilaciones, amenazó con judicializar el asunto.
«Si el Congreso planea empecinarse en aumentar el gasto de forma negligente, vamos a vetar cada cosa que inventen. Si no logramos sostener los vetos, los vamos a judicializar. Y si no los podemos judicializar, vamos a recortar el gasto en otro lado«, advirtió Milei.
La última vez que el Parlamento argentino revirtió un veto presidencial fue el 12 de marzo de 2003, hace 22 años, durante el Gobierno interino de Eduardo Duhalde (2002-2003).
AFP y EFE
El ministro de Exteriores de Netanyahu vuelve a amenazar con “abrir las puertas del infierno” en la Franja, y el Gobierno apunta ahora al derribo de torres residenciales
El movimiento Hamás, que gobierna en Gaza, ha divulgado este viernes un vídeo en el que aparecen dos de los rehenes vivos que permanecen en la Franja. Esta muestra de vida de los cautivos se produce horas después de que el ejército de Israel asegurara que ya controla el 40% de Ciudad de Gaza tras varias semanas con intensa actividad militar en la zona. El Gobierno de Benjamín Netanyahu ha querido elevar también este viernes el tono sobre el alcance de esa ofensiva al amenazar con “abrir las puertas del infierno” en Gaza.
El avance de las tropas sobre el territorio es parte de los esfuerzos con los que el Gobierno israelí quiere expulsar al millón de civiles que se encontraban en ese núcleo urbano antes del comienzo de la ofensiva, iniciada la segunda semana de agosto. A pesar de eso, solo una fracción de la población ha obedecido las órdenes israelíes, a menudo aludiendo a que no existe espacio físico al que desplazarse. Ahora, el ejército anuncia que el desempeño militar irá a más.
En el plano político, los ministros israelíes de Defensa, Israel Katz, y de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, han divulgado un vídeo con el derribo por parte de misiles israelíes de la torre Mushtaha, un edificio de 14 pisos en la capital de la Franja. Poco antes, Katz había asegurado: “Se está quitando el cerrojo de las puertas del infierno en Gaza”.
Horas más tarde, Israel también ha emitido una orden de evacuación contra el mayor edificio residencial de Ciudad de Gaza, de 16 plantas. Periodistas locales han advertido que la torre cuenta con al menos 65 apartamentos residenciales, así como locales comerciales en la planta baja. Otro edificio de cinco niveles también ha recibido el aviso israelí, según la prensa árabe.
Por su parte, el vídeo de Hamás con los rehenes supone una maniobra para incrementar la presión interna hacia el Gobierno israelí. En la imagen se ve a Guy Gilboa-Dalal, de 24 años, que está en la superficie, fuera de los túneles, hablando de sus 22 meses en cautiverio, lo que sugiere que la imagen se ha registrado de manera reciente. El otro es Alon Ohel, según ha confirmado su familia. Es la primera muestra de vida registrada en imagen del rehén desde su secuestro.
Antes de esas imágenes, el ejército había divulgado los datos de control del territorio palestino. “Las tropas ya están operando dentro de Ciudad de Gaza”, reivindicó el portavoz del ejército israelí, Effie Defrin, en un videocomunicado. Defrin expuso que Israel tiene “equipos de combate” en Zeitún, Shuja’iya y Shekh Radwan, que representan tres de los mayores distritos de la mayor ciudad que existe en los territorios palestinos.
Con todo, el portavoz cifró en un 40% el “control operativo” que Israel acumula sobre el municipio, donde Israel “sigue golpeando la infraestructura terrorista de Hamás”. “La operación se expandirá y se intensificará durante los próximos días”, anticipó el militar: “Hamás se enfrentará a todo el poder del ejército de Israel en Ciudad de Gaza. Aumentaremos la presión sobre Hamás hasta su derrota final. Los perseguiremos por todas partes”.Más información
La persecución con la que Israel intenta dar caza a los militantes de la milicia en Ciudad de Gaza había dejado durante las primeras horas de este viernes al menos 18 víctimas mortales, de las cuales 7 eran niños. Son las cifras que arroja la agencia de noticias palestina Wafa, que refleja bombardeos contra residencias particulares y contra tiendas de campaña que acogían a población desplazada. Otro recuento posterior surgido de fuentes médicas y publicado por el medio catarí Al Jazeera eleva las muertes en esa ciudad a 30 y la cantidad de muertes en el conjunto de la Franja a 44.
El Ministerio de Sanidad de Gaza informó el jueves de que las acciones militares israelíes habían provocado la muerte de 83 personas en 24 horas. La mayoría de las muertes que se registraron el jueves tuvieron lugar en Ciudad de Gaza, según las autoridades sanitarias de la Franja.
Un alto cargo de Cogat, la autoridad israelí integrada en el Ministerio de Defensa que supervisa los asuntos civiles en los territorios palestinos, ha declarado a la prensa que “unas 70.000 personas” han abandonado el norte de la Franja, donde se encuentra Ciudad de Gaza, para desplazarse hacia el sur del enclave, tal y como pretende Israel. Esa cantidad de personas sugiere la existencia de un desplazamiento masivo y en condiciones precarias a través de un territorio bombardeado, donde la mayoría no puede permitirse alquilar un transporte.
Pero esa cifra está lejos de los objetivos israelíes, que cuando lanzaron la operación contra Ciudad de Gaza en agosto se pusieron como meta vaciar ese municipio de población civil para el próximo 7 de octubre, segundo aniversario de los ataques de Hamás en Israel. Luego Netanyahu exigió acortar plazos.
“Este será el desplazamiento más peligroso desde que empezó la guerra”, dice Amjad Shawa, el jefe de la red de ONG que operan en el enclave. Advierte que muchos palestinos rechazan movilizarse una vez más, prefiriendo permanecer en Ciudad de Gaza. “El rechazo de la gente a abandonar [esa ciudad] a pesar de los bombardeos y de las matanzas es una señal de que han perdido la esperanza”, indicaba el cooperante el jueves en declaraciones a la agencia de noticias Reuters.
El comunicado del portavoz militar Effrin coincide en un momento en el que Netanyahu está muy activo en redes sociales, grabándose vídeos en los que se dirige a la cámara desde espacios cerrados, sin atender a las preguntas de los periodistas, para justificar sus decisiones de guerra.
En las calles israelíes, las protestas que exigen que el Gobierno de Netanyahu abandone la ofensiva contra Ciudad de Gaza y que firme una tregua que libere a los rehenes que permanecen en el enclave han subido de tono esta semana, en la que se han registrado pequeños incendios cercanos a la residencia del primer ministro. En Israel, distintas encuestas recientes sugieren que la mayoría de la población quiere que el Ejecutivo opte por el alto el fuego.
Esta semana, Hamás se ha ofrecido a entregar a los 48 rehenes vivos y muertos que tiene secuestrados a cambio del fin de la guerra, pero Israel ha descrito la propuesta como un acto de “manipulación” y ha rechazado esa posibilidad, que conllevaría la supervivencia de la milicia.
fotoportada _Tiendas de campaña que albergan a palestinos desplazados en la ciudad de Gaza, el 3 de septiembre de 2025.NurPhoto (NurPhoto via Getty Images)
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