Redadas, pleitos, certificaciones y emergencias nacionales: Trump prepara el terreno para interferir en las midterms
El despliegue de agentes federales, las amenazas a funcionarios electorales y las demandas contra varios estados alimentan el temor a que la Casa Blanca utilice el aparato del Estado para condicionar los comicios del 3 de noviembre
Cuando el pasado jueves los periodistas le preguntaron al fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, si había algún escenario en el que el Departamento de Justicia podría tratar de intervenir, o de interferir, en el proceso de certificación de los resultados de las elecciones legislativas de noviembre, la respuesta que todos esperaban era un escueto no. Las competencias electorales son de los estados, que supervisan y procesan los recuentos y los resultados, y hasta ahora nunca ha habido problemas serios en la certificación, si se omite, claro, lo ocurrido el 6 de enero de 2021, durante la certificación de los resultados de las elecciones presidenciales. Sin embargo, Blanche, ex abogado penalista personal de Donald Trump, ascendido al cargo hace unos meses después de que el presidente fulminara a su jefa Pam Bondi porque consideraba que no estaba persiguiendo a sus enemigos de forma adecuada y veloz, no respondió que no.
«¿Si hay algún escenario? Bueno, claro, desde luego. Todos podemos pensar en algunos escenarios hipotéticos. No creo que sea apropiado hacer afirmaciones concluyentes sobre qué va a pasar en el futuro porque no tengo ni idea. No es la intención del Departamento de Justicia, nunca lo es, interferir impropiamente en el proceso de certificación, pero no voy a decir que no hay ninguna circunstancia, no lo voy a decir. ¿Estoy planificando mi agenda de alguna manera como si no fuera a haber certificación? Claro que no», respondió de una forma nada tranquilizadora.
Menos de 24 horas después, sin embargo, el presidente Donald Trump ordenó a su Administración presentar una demanda para bloquear la certificación de la contienda por el Senado de Estados Unidos en Alaska si el senador republicano, Dan Sullivan perdía. «Yo fui quien dijo que lo hicieran», presumió el presidente al aterrizar para un mitin de campaña en Florida. El mismo líder que en la convención del Partido Republicano de Dallas, el mes pasado, instó a sus seguidores a «hacer trampas descaradamente» y votar estén «registrados o no», asegurando que es lo que hacen sus rivales.
La demanda, que había sido ya presentada el jueves por la noche, obedece a una de sus obsesiones de los últimos meses, ya que en Alaska hay un segundo aspirante… con el mismo nombre que el respaldado por la Casa Blanca. Daniel J. Sullivan, de la pequeña localidad pesquera de Petersburg, y que concurre como independiente, ha dicho reiteradas veces que decidió postularse por su cuenta, pero los republicanos creen que es un «infiltrado» que sólo busca restarle votos a su candidato. «Los habitantes de Alaska no necesitan ayuda para votar por sus candidatos preferidos, y el Estado de Alaska ya ha manejado esto al distinguir claramente a los candidatos en la papeleta de este año. El Departamento de Justicia nunca debería haber presentado esta demanda», ha reaccionado enseguida la senadora republicana del estado, Lisa Murkowski.
Decir que hay un temor importante en Estados Unidos a que la Administración Trump haga maniobras para interferir en los resultados de las legislativas se queda corto. Es un miedo real, creciente y prolongado. Y lógico si se tiene en cuenta que el presidente, prácticamente cada día desde hace años, dice que el sistema está amañado (incluso si él gana), que los inmigrantes ilegales votan de forma masiva, que las máquinas de votación han sido manipuladas por China o Venezuela y otros países, que los funcionarios electorales de los estados en los que no ganó alteraron las papeletas o que los votos contados por correo que se cuentan más tarde son todos trampa. «Rigged«, amañado, es una de sus palabras fetiche.
Por no hablar de que ya ha amagado con invocar la Ley de Insurrección, que otorga al presidente enormes poderes en situaciones de emergencia. ¿Cuál podría ser? Hay muchas posibilidades. Por ejemplo, podría ordenar el despliegue de la Guardia Nacional si sostiene que terroristas de izquierda están cometiendo irregularidades o que están votando personas sin derecho a hacerlo.
Intervenciones muy concretas
En realidad, el temor no es a que haya un fraude masivo, una enmienda a la totalidad, sino a intervenciones específicas, en lugares concretos o feudos demócratas. Pleitos, redadas migratorias cerca de los colegios para intimidar a minorías, incluso el posible despliegue de fuerzas federales cerca o en los propios colegios. Incluso para confiscar votos. Con una simple orden judicial, argumentando una presunta irregularidad, agentes federales podrían incautar o exigir papeletas de votación, máquinas o registros electorales interrumpiendo el recuento y, sobre todo, rompiendo la cadena de custodia.
No son escenarios apocalípticos sin base. En 2020, Trump y sus abogados llamaron y presionaron durante más de una hora al secretario de Estado de Georgia para que le «encontrara» los miles de votos que necesitaba para remontar. El político, odiado por el movimiento MAGA desde entonces, se negó. En enero, en una entrevista con The New York Times, Trump dijo literalmente que se arrepentía de no haber ordenado a la Guardia Nacional que confiscara máquinas de votación entonces. Y poco después, coordinó junto a la responsable de Seguridad Nacional una redada del FBI para incautarse de todos los registros de las elecciones en una serie de condados de Georgia que nunca ha aceptado que perdió.
Los demócratas y muchas asociaciones llevan meses advirtiendo de los muchos riesgos. En 2024, los republicanos tenían de guardia a cientos de abogados de todo el país listos para pleitear en tiempo real para impugnar mesas, colegios, resultados, como hicieron en 2020 para intentar revertir el resultado que dio la victoria a Joe Biden. Y ahora no sólo hay abogados, sino el aparato del Estado. El Departamento de Justicia ha confirmado que planea desplegar 1.000 «observadores electorales federales», el doble de los 590 desplegados en 2024, para garantizar que «no ocurra nada turbio y que la gente pueda votar». Este verano, sin embargo, en Wyoming, el gobernador republicano Mark Gordon se opuso a que los observadores del Departamento de Justicia intentaran entrevistar a los ciudadanos e inspeccionar los equipos de votación en el condado de Laramie durante las primarias.
La presión es real y pública. En esa misma comparecencia del jueves, Blanche declaró que el Departamento de Justicia podría presentar demandas contra más estados por «irregularidades en la integridad» electoral antes de las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre, después de que la administración Trump demandara a California la semana pasada. «Estamos analizando varios estados», dijo el fiscal general en referencia al pleito contra el estado más grande del país, fuertemente demócrata, por no sumarse a una iniciativa del Ejecutivo para «eliminar a los presuntos no ciudadanos del padrón electoral».
Trump lleva un año intentando en vano que se apruebe una ley de reforma del proceso electoral. Sostiene que hay un fraude masivo por parte de los demócratas y que hay cientos de miles, si no millones, de personas que votan sin derecho a hacerlo en Estados Unidos. En California, por ejemplo, Justicia quiere lograr una orden judicial que impida al estado contar los votos hasta que se verifique la ciudadanía de más de 20.000 personas. Igualmente, quiere prohibir o, más bien, reducir al mínimo el voto por correo porque sostiene que es fraudulento (a pesar de que él mismo lo usa muy a menudo para votar en procesos de Florida).
Datos incautados, amenazas y redadas migratorias
En el caso de California, al menos 18 condados del estado han recibido cartas en las que se les da un plazo de 48 horas para proporcionar la información de identificación correspondiente a las papeletas que el gobierno federal cree que fueron enviadas a personas sin ciudadanía registradas ilegalmente para votar. La carta también solicita a los funcionarios del condado que retengan las papeletas en las que no se pueda verificar la ciudadanía. Y Trump ha amenazado con encarcelar a los funcionarios que cuenten esos votos.
Documentos obtenidos por la Fundación Democracy Forward muestran que, en estos meses, la Administración Trump-Vance «amplió agresivamente su trabajo sobre el ‘fraude electoral’, acumulando aproximadamente 100 millones de registros, incluidos al menos 50 millones de registros de votantes, para su uso en investigaciones de las fuerzas del orden federales; designaron estados ‘prioritarios’ tanto para obtener datos de votantes como para llevar a cabo investigaciones; y examinaron detenidamente a cientos de grupos sin fines de lucro de participación cívica».
Igualmente, una investigación de la cadena CBS ha revelado que agentes federales del Departamento de Seguridad Nacional, armados y uniformados, llevan semanas llamando a la puerta de los hogares de inmigrantes en varios estados para preguntar a los residentes sobre su estatus migratorio y si se han registrado para votar o si han votado en elecciones anteriores.
El Departamento de Seguridad Nacional sostiene que podría haber hasta 250.000 ciudadanos registrados ilegalmente para votar, aunque todos los expertos electorales creen que esa cifra es un disparate total. Según el Departamento de Justicia, sólo 156 personas han sido acusadas de delitos relacionados con fraude electoral desde el inicio de la Administración Trump, y en Estados Unidos hay 227 millones de votantes registrados. Este verano, el Departamento de Seguridad Nacional afirmó que había 16.000 votantes inscritos en el censo electoral de Nevada que podrían ser extranjeros. Posteriormente, rectificó drásticamente y presentó una lista de 185 personas sospechosas. Los funcionarios estatales verificaron esos nombres y determinaron que todas eran ciudadanos de Estados Unidos.
«Todas las medidas que el Departamento ha tomado para proteger la integridad de las elecciones de este año se basan en la ley y se están debatiendo en los tribunales. Garantizar que sólo voten los ciudadanos elegibles y que se cuente cada voto válido es un requisito de la ley federal», ha declarado Kiersten Pels, portavoz del Departamento de Justicia.
Ayer mismo, Trump ofreció una recompensa millonaria a quien aporte pistas sobre trampas. «Cualquier persona que denuncie el fraude electoral en las elecciones pasadas, o en las próximas elecciones de mitad de mandato de 2026, recibirá 1.000.000 de dólares tras la detención y condena de quienes cometieron el fraude», escribió en Truth Social.
«Lo que estamos viendo ahora es que el Gobierno federal se está inmiscuyendo en el proceso estatal de verificación de los registros electorales de una manera sin precedentes», ha denunciado Jessica Marsden, de Protect Democracy, una asociación progresista que ha demandado al Departamento de Seguridad Nacional por esta campaña. «Y lo están haciendo de una manera que parece diseñada al máximo para disuadir a los votantes legítimos de participar».
Los miedos de la noche electoral
Jennifer Day es candidata a secretaria de Estado en Kansas. El cargo no tiene nada que ver con política exterior, sino todo lo contrario, con cuestiones de interior y, especialmente, con el material electoral, materia en la que es una experta, ya que lleva más de una década trabajando en ello. Day explica a EL MUNDO, al concluir un acto con unos cientos de simpatizantes en una iglesia del condado de Johnson, cerca de Kansas City, sus temores. «Me preocupa que envíen empleados federales, como agentes de ICE o similares, a los centros de votación. Si eso intimida a algún votante, espero que sepan que tienen derechos. Espero que, si algo así sucede, los responsables electorales avisen a los supervisores. La intimidación a los votantes es un problema, y no la vamos a tolerar».
La experta asegura que hay medidas preparadas por todo el país para el caso de que Trump intente interferir en la certificación de resultados. «He estado en comunicación con otros secretarios de Estado de Estados Unidos que llevan tiempo en sus puestos. Todos tienen planes para demandas y contingencias en caso de que ocurra algo así, y para asegurarnos de que nos opongamos a cualquier intento de interferir en esto. Los estados tienen derecho a administrar sus elecciones, no el Gobierno federal. Así que, sea lo que sea que Donald Trump o cualquier otro miembro de la Administración decida hacer con respecto a nuestros estados, estos deben estar preparados para defenderse», añade.
Hay un elemento adicional. Como ocurrió en 2022 o 2024, en las últimas semanas, decenas de altos cargos y de trabajadores electorales han recibido amenazas. Llamadas a medianoche en sus domicilios, envíos masivos de pizzas para dejar claro que saben dónde viven. Incluso cartas con sospechosos polvos blancos, algo que es ya casi una tradición. «Son todos intentos de asustar a la gente. Los trabajadores electorales son vitales para todo el proceso y tienen miedo. Llevan años preguntándose si van a estar seguros, si se puede cerrar las puertas, si necesitan botones de pánico o policía en cada colegio. Sabemos qué hacer si algo sucede el día de las elecciones», afirma Day.
La presión, en todo caso, es cada vez mayor. Hace dos semanas, el FBI y el ICE registraron la casa de la congresista demócrata Ilhan Omar en Washington, mientras ella estaba en Minnesota. Omar es una de las obsesiones de Trump, que la ataca, insulta y amenaza con la deportación constantemente. En Estados Unidos, las agencias federales muy rara vez hacen redadas en propiedades de políticos en las semanas previas a unas elecciones, precisamente para no dar la imagen de injerencia. A Trump, como ha dejado claro, eso le da completamente igual. Hace unas semanas, en una entrevista en Time, el presidente no cerró la puerta a la posibilidad de invocar la ley de Insurrección o declarar una emergencia nacional. «No descarto nada», avisó.
Fuentes Pablo R. Suanzes deelmundo.es
fotoportada Trump 2026 AFP
