Pertenecían al Servicio General de Identificación Personal de Santa Cruz. Ahora enfrentan cargos por la presunta entrega irregular de cédulas de identidad al narcotraficante uruguayo

Cinco ex funcionarios del Servicio General de Identificación Personal de Bolivia (Segip) enfrentan procesos por haber presuntamente facilitado documentos de identidad bolivianos al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset de manera irregular.

El ex director del Segip, Alpacino Mojica, informó que se presentó la denuncia formal “contra aquellos servidores públicos que lo atendieron” y que estuvieron involucrados en el otorgamiento de las cédulas con otra identidad. Los cinco procesados ingresaron a la institución en abril de 2017 y fueron retirados en noviembre de 2023, tras los indicios que los vinculan con Marset.La acusación sostiene que la obtención de una cédula de identidad boliviana le permitió al narcotraficante moverse libremente dentro del país, participar en actividades públicas del ámbito deportivo y consolidar su red criminal vinculada al tráfico de drogas.

El inicio del juicio oral estaba previsto para este miércoles pero fue suspendido sin fecha de reanudación. Mojica señaló ante los medios locales que pedirán la máxima condena para los acusados.El caso ha puesto en debate las posibles deficiencias en los controles institucionales del sistema de identificación nacional, apuntando a una falta de transparencia y supervisión que podría haber permitido irregularidades administrativas. Los procedimientos que se discuten en el juicio involucran una revisión exhaustiva de los criterios y protocolos utilizados en la emisión de documentos oficiales, y a quiénes estuvieron detrás de su expedición.

Este proceso judicial no solo adquiere relevancia por el perfil del acusado, denunciado por el delito de narcotráfico y buscado por varios países, sino también por su potencial impacto en la credibilidad del Segip como institución pública.

La presencia de Sebastián Marset en Bolivia se confirmó en 2023, cuando un operativo policial de gran envergadura en Santa Cruz de la Sierra intentó capturarlo en la vivienda donde residía junto a su familia. Marset consiguió escapar del operativo y se encuentra prófugo desde entonces, bajo la búsqueda de distintas agencias policiales de la región.

En julio de 2024, su esposa Gianina García Troche, fue capturada en España y extraditada un año más tarde a Paraguay, bajo fuerte dispositivo de seguridad policial y militar, donde era requerida por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico.

Durante su estadía Bolivia, Marset formó parte del equipo Los Leones El Torno FC, en el que figuraba con otra identidad como jugador y parte del directorio del club, actualmente suspendido. Las autoridades bolivianas también vinculan a Marset con negocios relacionados al ámbito del entretenimiento.

Marset enfrenta acusaciones por narcotráfico, lavado de dinero y uso de identidades falsas en diferentes países. En 2012 fue detenido en Uruguay por posesión de armas y drogas, pero años después reapareció en el radar internacional como parte de una estructura criminal transnacional. En 2021 fue arrestado en Dubai por portar un pasaporte paraguayo falso, aunque consiguió recuperar su libertad antes de que prosperaran las solicitudes de extradición.

En Paraguay, está acusado de ser el autor intelectual del asesinato del fiscal Marcelo Pecci, ocurrido en mayo de 2022 en una playa de Colombia. Pecci era un fiscal especializado en crimen organizado y narcotráfico, y estaba a cargo de investigaciones que afectaban directamente a redes internacionales de drogas.

Actualmente el capo uruguayo es considerado un fugitivo de alto perfil y uno de los objetivos prioritarios para las agencias de seguridad de la región, al ser considerado un actor clave dentro del tráfico internacional de drogas.

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El mandatario brasileño expresó su preocupación por las iniciativas discutidas en el Parlamento que podrían eximir de responsabilidad penal a quienes están procesados por los hechos ocurridos en las sedes del poder en Brasilia en enero de 2023

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, llamó este jueves a una movilización social contra el proyecto de ley que busca la amnistía de quienes participaron en el intento de golpe de Estado tras las elecciones presidenciales de 2022, entre ellos el ex mandatario Jair Bolsonaro. Durante su visita a una comunidad en el estado de Minas Gerais, Lula advirtió sobre el riesgo de que el Congreso Nacional, dominado por sectores conservadores, apruebe la propuesta impulsada por la oposición, encabezada por el Partido Liberal (PL)

LULA DA SILVA ,Presidente de Brasil Foto Reuters

“Si se vota en el Congreso, corremos el riesgo de una amnistía. Porque el Congreso, como saben, no es un congreso elegido por las comunidades periféricas”, expresó el líder brasileño.

En un encuentro con influencers, Lula subrayó la importancia de la participación ciudadana para frenar la medida.

“La extrema derecha todavía tiene mucho poder. Por tanto, es una batalla que también debe ser librada por la ciudadanía (…). Brasil solo tiene un dueño, el pueblo brasileño. Las comunidades tienen al mejor representante: ustedes”, afirmó.

El proyecto de ley propone otorgar indulto a todos los condenados por el intento de golpe del 8 de enero de 2023, incluyendo no solo a los autores materiales, sino también a los financiadores, promotores y organizadores de los disturbios que resultaron en el asalto y daños a las instituciones estatales.

“Espero que se haga justicia, respetando el derecho a la presunción de inocencia de los procesados. Quiero que Brasil conozca la verdad y solo la verdad. Él puede defenderse como yo no pude. Y no me quejé, no lloré, luché. Si es inocente, que demuestre que lo es”, expresó Lula.

El actual presidente también remarcó la importancia de la transparencia en el proceso judicial y sostuvo que “la gente solo tiene que ser sincera” y relatar los hechos de forma fidedigna.

“Nadie necesita inventar nada. Lo que está sucediendo es que los hechos están saliendo a la luz. La gente está empezando a darse cuenta del desastroso periodo de la historia brasileña que vivimos”, agregó Lula.

Por su parte, Bolsonaro presentó el pasado 14 de agosto ante el Supremo Tribunal Federal (STF) un pedido formal para ser absuelto en el juicio donde se lo acusa de encabezar un supuesto complot golpista. En el escrito entregado a la Corte, la defensa de Bolsonaro sostuvo que no existen pruebas que respalden ninguno de los cinco delitos atribuidos al ex mandatario y rechazó que hubiera intentado obstaculizar la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones presidenciales de 2022.

En la etapa final del juicio, los abogados defensores del hombre de 70 años argumentaron que “no hay cómo condenar a Bolsonaro con base en las pruebas producidas en los autos, que demostraron que él determinó la transición (de Gobierno), evitó el caos con (las protestas de) los camioneros y le dijo a sus electores que el mundo no acabaría el 31 de diciembre (con el fin de su Gobierno)”.

(Con información de Europa Press)

Congreso argentino revierte el veto de Milei a ley de discapacidad, un hecho inédito en 22 años

El Congreso argentino revirtió este jueves por primera vez un veto del presidente Javier Milei y dejó firme esta ley

El revés político ocurre en el peor momento del gobierno jaqueado por un escándalo de supuestos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad e involucran de manera directa a Karina Milei.El Congreso argentino revirtió este jueves por primera vez un veto del presidente Javier Mileiy dejó firme una ley que declara la emergencia en discapacidad y obliga al Estado a aumentar los fondos de asistencia, un hecho inédito en el país en 22 años.

El Senado argentino revirtió este jueves por amplia mayoría el veto de Milei a la ley de emergencia en discapacidad, después de que la Cámara de Diputados diera luz verde a esta moción de rechazo el pasado 20 de agosto.

La norma que obliga al gobierno a garantizar la financiación adecuada de las pensiones con discapacidad y fortalecer la asistencia para ese sector, que había sido aprobada por el Congreso el pasado 10 de julio y vetada a través de un decreto presidencial el 2 de agosto, deberá entrar en vigor.

La Cámara Alta rechazó el veto por 63 votos a favor de la ley de discapacidad, siete en contra y ninguna abstención.

«Este honorable Senado resuelve insistir en la sanción original del proyecto de ley que declara la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2026. En consecuencia, el proyecto de ley es ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación», indicó el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala.

Alejandra Vigo, senadora del bloque opositor Unión Federal por la provincia de Córdoba, consideró «inhumano» el veto de Milei y expresó que la iniciativa tenía que «ser ley, no solamente por los discapacitados, sino por toda la sociedad».

Debido al severo ajuste aplicado por el Gobierno de Milei, los discapacitados han sufrido recortes en la asistencia que necesitan, mientras que algo más de 100.000 sufrieron la cancelación de sus pensiones en las últimas semanas.

Escándalo de corrupción

El revés político ocurre en el peor momento del gobierno jaqueado por un escándalo de supuestos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), en un caso que investiga la Justicia.

Durante el debate en el pleno de la Cámara Alta, numerosos senadores se explayaron sobre el escándalo de corrupción que se desató el pasado 20 de agosto, a partir de la difusión de audios que detallaban un esquema de sobornos en Andis e involucran de manera directa a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Audios atribuidos al extitular de la Andis, Diego Spagnuolo, despedido en cuanto estalló el escándalo, atribuyen a Karina Milei el cobro de sobornos por un 3% de los pagos de medicamentos.

El presidente aseguró que son «mentiras», denunció «espionaje» y un juez ordenó cesar la difusión de los audios de Karina Milei.

«Para tapar un hecho de corrupción van con una estrategia mediática y judicial (…) Nada de Karina, el jefe de la banda es el hermano», acusó el senador opositor José Mayans.La senadora peronista Juliana di Tullio resaltó que son las personas con discapacidad «las que le están poniendo un freno a este Gobierno y al presidente Javier Milei».

La senadora Guadalupe Tagliaferri (Propuesta Republicana) explicó que la discapacidad no es un problema privado sino del Estado, y afirmó: «Cuando me pregunten de donde sale la plata para financiar esta ley, les voy a contestar que sale del sobreprecio y la coima».

El pasado 2 de agosto Milei firmó el decreto que vetaba la norma bajo el argumento de que su aplicación conspira contra el objetivo del equilibrio en las cuentas públicas, las cuales lograron en los primeros siete meses del año un superávit primario equivalente al 1,1 % del PIB.

Según cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la ley de emergencia en discapacidad tiene un coste fiscal de entre el 0,28 % y el 0,51 % del PIB.

Amenaza de ‘judicialización’

El presidente, quien ha vetado otras iniciativas similares como el aumento de emergencia del 7,2 % de las jubilaciones, amenazó con judicializar el asunto.

«Si el Congreso planea empecinarse en aumentar el gasto de forma negligente, vamos a vetar cada cosa que inventen. Si no logramos sostener los vetos, los vamos a judicializar. Y si no los podemos judicializar, vamos a recortar el gasto en otro lado«, advirtió Milei.

La última vez que el Parlamento argentino revirtió un veto presidencial fue el 12 de marzo de 2003, hace 22 años, durante el Gobierno interino de Eduardo Duhalde (2002-2003).

AFP y EFE