El presidente Luis Lacalle Pou resuelve por estas horas si veta la ley destinada a los extrabajadores de Casa de Galicia, que fue aprobada esta semana con los votos del Frente Amplio, Cabildo Abierto, dos senadores del Partido Nacional y uno del Partido Colorado.

Domenech dijo que “habría que estudiar si están los votos” para levantar una eventual negativa del presidente.

El documento establece que el “Estado se obliga a pagar la totalidad de créditos laborales posconcursales en cuanto correspondan”, generados tras el cierre de Casa de Galicia. Además, el monto deberá ser abonado en un plazo no mayor a los 18 días luego de promulgada la ley.Según estimaciones, la erogación de Rentas Generales para dar cumplimiento a lo aprobado por el Parlamento será de US$ 20 millones. Este último punto es uno de los que el equipo del Ministerio Economía está evaluando, sobre todo para decidir si tienen posibilidad de cumplir con lo establecido en la ley.

Desde el Gobierno argumentaron que ya se destinó dinero para otra ley que fue propuesta a los legisladores en setiembre de este año. Ese proyecto establecía la creación de un fondo para el pago de los créditos laborales concursales a los exempleados del centro de salud.Según el Ejecutivo, hay 2.036 trabajadores que no cobraron la indemnización por despido. El proyecto establecía que el fondo se formaría con la transferencia de hasta 54.700.000 Unidades Indexadas (US$ 8 millones) que saldrían de Rentas Generales.

Lo cierto es que, si el veto se concretara, podría haber una nueva diferencia entre los socios de la coalición. El senador blanco Sergio Botana, uno de los que votó el proyecto de ley en la cámara alta, dijo que el presidente “tiene todo el derecho de vetar” pero aseguró que “no es la mejor solución”.

“No me gustaría [que Lacalle vetara la ley] por la certeza para los trabajadores. Además, porque el Estado no debería asumir un riesgo de esa magnitud”, agregó Botana.Por su parte, el senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech, otro de los partidos que votó el proyecto, indicó que “habría que estudiar si hay votos para levantarlo”. Según la normativa, se precisan tres quintos de la Asamblea General.“Si no tenemos el número de votos, va a haber que meter violín en bolsa”, agregó en diálogo con La Diaria. Domenech reconoció que, si se logra vetar la ley, existirá una “dificultad” para que los trabajadores cobren los haberes.Desde el Frente Amplio, en tanto, entienden que Lacalle no debería vetar la legislación porque se “compraría un lío innecesario”, según el senador de izquierda Daniel Caggiani.

El legislador detalló que la iniciativa “lo que hace es interpretar dos leyes que ya existen: la del cierre de Casa de Galicia y la del fondo de garantías de créditos laborales”. fuente Montevideo Portal

El norte y noreste, junto a Montevideo y Canelones, es donde hay una mayor proporción de hogares con inseguridad alimentaria moderada o grave.El centro y sureste del país es donde se registra la menor proporción de hogares con estas carencias.

El director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) Diego Aboal explicó el último informe sobre inseguridad alimentaria en hogares de Uruguay, presentado en los últimos días tras un análisis de las cifras y respuestas recogidas en la Encuesta Continua de Hogares.

“La seguridad alimentaria y nutricional se define como aquella situación en la que todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico, social y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana”, dice el informe.

“Por el contrario, se entiende por inseguridad alimentaria cuando una persona carece de acceso regular a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para llevar una vida activa y saludable. Esta situación puede deberse a la falta de disponibilidad de alimentos y/o a la falta de recursos para obtenerlos. En un país con suficiencia de alimentos como Uruguay, la inseguridad alimentaria se asocia con dificultades de acceso económico a los alimentos”, agrega el informe.“La inseguridad alimentaria puede experimentarse en distintos grados de severidad, los cuales se asocian a diferentes niveles de dificultad de acceso a los alimentos. El primer grado, caracterizado como leve, representa preocupación por no poder acceder a suficientes alimentos o dificultades de acceso a alimentos que se consideran nutritivos. Cuando se experimenta inseguridad alimentaria moderada comienza a comprometerse la cantidad de alimentos consumidos y en la inseguridad alimentaria grave las personas se saltean comidas o pasan todo un día sin comer”, detalla el documento oficial.

l informe del INE refiere a la inseguridad alimentaria moderada y grave. La inseguridad moderada es cuando se reduce el consumo de alimentos al menos durante un día por dificultades económicas para acceder a los mismos. La inseguridad grave es cuando un hogar no accede a ningún tipo de alimento durante al menos un día por carencias económicas, explicó Aboal este jueves en el programa Arriba Gente de canal 10.

Sobre esta base, el informe indica que “el 14,6 de los hogares en Uruguay tiene insuficiencia alimentaria moderada o grave”, dijo Aboal. A su vez, “el 2,5% de los hogares tiene inseguridad alimentaria grave”.

En cuanto a las regiones del país, el norte y noreste, junto a Montevideo y Canelones, es donde hay una mayor proporción de hogares con inseguridad alimentaria moderada o grave.

El centro y sureste del país es donde se registra la menor proporción de hogares con estas carencias.