Este miércoles al mediodía la inauguración de viviendas para el realojo de familias que vivían en el asentamiento del barrio Kennedy de Maldonado, estará presente le presidente Lacalle.
Este miércoles al mediodía la Intendencia de Maldonado inaugura las viviendas construidas para el realojo de familias que vivían en el asentamiento conocido como barrio Kennedy, el más “icónico” del departamento, según señala y reconoce la comuna en su comunicado oficial.
El acto comienza a la hora 11 y será encabezado por el presidente Lacalle Pou y el intendente de Maldonado Enrique Antía.
El llamado barrio Nuevo recibirá a casi 400 familias en una primera etapa, para luego completar las más de 530 que vivían en el mayor asentamiento de Maldonado.
Las empresas sostienen que el decreto del Poder Ejecutivo viola el principio de legalidad previsto en el artículo 10 de la Constitución y el principio de igualdad ante las cargas públicas.
Las empresas navieras Buquebus y Colonia Express resolvieron demandar al Estado por la nueva tasa de 2,10 dólares más IVA que encarece el precio de los pasajes para aquellas personas que ingresan o salen de Uruguay vía fluvial y marítima.
Mediante un decreto del Poder Ejecutivo se estableció que desde mayo de 2024 cualquier pasaje vendido para viajar en febrero de 2025 en delante por Buquebus o Colonia Express deberá tener una carga adicional de 2,10 dólares más IVA.
El proyecto que viene desde 2017, fue firmado por el presidente Luis Lacalle Pou y los ministros del Interior, Transporte y Economía y su fundamento es que lo recaudado servirá para mantener un nuevo control migratorio.
En este marco, las empresas Colonia Express y Buquebus resolvieron demandar al Estado al entender que se trata de un impuesto ilegítimo.
El abogado constitucionalista Daniel Ochs, representante de Buquebus, explicó a Subrayado tres fundamentos en los que se resume lo que el entiende como ilegalidad. Por un lado, sostiene que «es una violación al principio de legalidad previsto en el artículo 10º de la Constitución, un principio que viene desde la Revolución Francesa, de que nadie está obligado salvo que la ley lo establezca», y recordó que el propio Tribunal de Cuentas emitió «dictámenes concluyentes sobre la prohibición del tema».
Ochs continuó manifestando que esta nueva tasa viola «el principio de igualdad ante las cargas públicas ya que de 10 millones de viajes por año, costean todo el servicio de seguridad fronteriza solo con los que viajan por barco, que son el 20%».
Por último, el abogado criticó un «problema de razonabilidad gigantesco», bajo la premisa de que el Ministerio del Interior «nunca calculó cuánto cuesta» el sistema y no justificó la razón del monto de 2,10 dólares más IVA por pasajero.
También objetó la elección de la empresa mexicana Veridos SA, la firma que gestionará el sistema la que también será demandada.
Uno de los imputados por tráfico de cocaína a Bélgica fue concejal y dirigente político en Soriano.Carlos Mengen fue concejal en Cardona por el Partido Nacional entre 2015 y 2020. Fue imputado y enviado a prisión en enero por el cargamento de cocaína traficado a Bélgica en diciembre.
es uno de los imputados por el cargamento de cocaína traficado en diciembre a Bélgica en un contenedor que transportaba budines y alfajores de Uruguay.
Mengen fue concejal de Cardona por el Partido Nacional en el período 2015-2020 y luego coordinador de ese Municipio.
Un día después de la incautación de las más de dos toneladas de cocaína en el puerto de Amberes, el dirigente político renunció a su cargo en la Intendencia de Soriano.
El exconcejal cumple desde fines de enero prisión preventiva tras ser imputado por el delito de asistencia al narcotráfico.
Deberá cumplir la medida cautelar de prisión hasta agosto, según dispuso la Justicia a pedido de la Fiscalía de Estupefacientes. En 2018 Mengen había sido imputado por un episodio de violencia privada.
Su rol en el tráfico de cocaína fue ir como acompañante en el camión que transportó el cargamento hasta el puerto de Montevideo y darle indicaciones al conductor.
El segundo imputado por el caso es un empresario encargado de la exportación de 22.300 budines y alfajores, y más de 1.000 botellas de vermú a Bélgica.
Los productos que iban en el contenedor fueron comprados en una cadena de supermercados y no a la empresa que los fabrica, luego derivados a un depósito en Canelones donde se acondicionó la droga, y de allí trasladados a Zonamerica, para luego ser trasladados al puerto de Montevideo, donde se cargó todo en un buque con destino a Bélgica, donde la maniobra quedó al descubierto.
Varias alarmas fueron las que no se activaron en Uruguay: la droga fue enviada junto con productos que habitualmente no se exportan a Europa, el envío no lo hacía la empresa fabricante sino una tercera y por último el destino, ya que Bélgica es considerado punto de ingreso de grandes cantidades de droga al continente europeo.
El secretario general de la IDT, José Omar Menéndez, asistió al acto de asunción del nuevo jefe de Bomberos de Tacuarembó, Juan Gómez. El relevo responde al fallecimiento de quien se desempeñaba en el cargo, Gonzalo Ocampo.
El jefe de la Zona II de Bomberos, Carlos Giménez, señaló la necesidad de servicio que presenta este destacamento que se encuentra emplazado en una de las ciudades más importantes del país y que genera grandes desafíos para dar respuesta efectiva y permanente. Además, le transmitió su apoyo a Juan Gómez y saludó a la familia de Gonzalo Ocampo.
En tanto, el secretario general de la IDT, José Omar Menéndez, le deseó una buena gestión, además de ratificar el apoyo de la Intendencia de Tacuarembó y la importancia de ser el nexo para articular los trabajos junto al Centro Coordinador de Emergencias Departamental.
En ese marco, el nuevo jefe de Bomberos se mostró contento por el desafío, aunque no así por la forma en que se dio. Expresó además que asumió para colaborar en todas las tareas que así lo requieran y cumplir con los objetivos trazados.
El talentoso artista José Gallino es el encargado de llevar adelante la obra y plasmar el nuevo diseño que renovará a este ícono de San Gregorio de Polanco y símbolo de las obras que integran el Museo a Cielo Abierto de Artes Visuales.
Durante más de 20 años el tanque contó con la pintura del artista Celver Lara. La obra se fue deteriorando y, en dos oportunidades, fue sustituida por ploteos con el fin de mantenerla viva.
Tras la consulta popular realizada por el Municipio de San Gregorio de Polanco, los vecinos decidieron por votación la realización de un nuevo mural. El mismo se encuentra a cargo de José Gallino, artista de proyección internacional que cuenta con intervenciones en distintas partes del mundo.
“Hay mucha expectativa y creemos que será algo impactante para todos”, señaló Mirtha Vázquez del grupo “Expresarte” de San Gregorio de Polanco.
Presentación de la obra
El viernes 23 de febrero se hará el acto de culminación de la pintura del tanque con la presencia del Intendente Wilson Ezquerra, el pintor José Gallino, el alcalde Asdrubal Rodríguez, y la vicepresidente de OSE, Susana Montaner.
Se trata de la culminación de todo el programa desarrollado en el marco de los 30 años del Museo a Cielo Abierto de la Península Dorada.
La Oficina China de Asuntos de Taiwán asegura que tomará medidas, pero no concreta cuáles serán.
China está intensificando el control marítimo frente a la costa del archipiélago taiwanés de Kinmen. Lo después de que dos pescadores chinos se ahogaran durante una persecución por parte de la Guardia Costera Taiwanesa. Esto ha provocado un nuevo conflicto diplomático.
Los guardacostas chinos vigilarán regularmente las aguas de la costa sur del archipiélago donde tuvo lugar la persecución. Quieren garantizar así el cumplimiento de la Ley Marítima. Es lo que ha explicado este domingo el portavoz de los vigilantes en un comunicado.
Crece la tensión tras aumentar el número de embarcaciones chinas en la costa del archipiélago
Los pescadores de Taiwán y China frecuentan bastante esa zona, pero en los últimos meses la tensión ha ido a más al incrementarse notablemente el número de embarcaciones del gigante asiático.
Los residentes del archipiélago se han quejado tanto de la contaminación acústica que esto provoca, por el ensordecedor sonido de los buques, como de las pérdidas competencia atroz de los pescadores chinos. Este segundo hecho afecta a su economía.
China reclama todo el territorio de Taiwán.
Las muertes de los pescadores son inusuales a pesar del nivel de actividad china en las aguas próximas a Kinmen, que geográficamente está más cerca de China que de Taiwán. No obstate, el Gobierno comunista reclama todo el territorio de taiwanés.
El miércoles, la Guardia Costera de Taiwán informó de que dos de los cuatro pescadores chinos perseguidos habían muerto tras volcar su embarcación. Estaban pescando a una milla náutica del archipiélago de Kinmen, que Taiwán reclama como zona restringida. Los otros dos supervivientes permanecen bajo custodia de Taiwán.
China ha emitido una furibunda condena y ha culpado al gobernante Partido Democrático Progresista de Taiwán de la muerte de los pescadores. También afirmó que no hay «aguas restringidas».
El Gobierno de Taiwán asegura que están llevando a cabo una investigación y que su Consejo de Asuntos Continentales está en contacto con las autoridades chinas. La Oficina de Asuntos de Taiwán de China prometió este domingo nuevas medidas, sin aclarar más detalles.
Todas las consecuencias correrán a cargo de Taiwán
Zhu Fenglian
Portavoz de la Oficina China de Asuntos de Taiwán
«La China continental se reserva el derecho a tomar nuevas medidas, y todas las consecuencias correrán a cargo de Taiwán», declaró Zhu Fenglian, portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán.
Taiwán se separó de China durante la guerra civil de 1949, pero Pekín sigue considerando la isla parte del territorio chino. Tiene 23 millones de habitantes y cuenta con una economía de alta tecnología.
A Laura le pareció extraño que hombres vestidos de policía y de paisano los apuntaran con sus teléfonos al salir del avión, como si estuvieran haciendo videos de ella, su esposo, su hija de 3 años y el resto de los pasajeros.
Pero no era el momento de distraerse con temores. Por fin habían logrado llegar a la frontera norte de México y llevaban lo más importante: su cita programada con las autoridades migratorias de Estados Unidos impresa en un papel.
La familia venezolana aterrizó en el Aeropuerto Internacional Quetzalcóatl en Nuevo Laredo a la 1:00 de la tarde de un día que prefiere no revelar. La cita estaba prevista para la jornada siguiente, a las 8:30 de la mañana, en el puesto migratorio del Puente Internacional de Las Américas, que conecta a la ciudad de Nuevo Laredo, en el estado de Tamaulipas, con la ciudad de Laredo en Texas.
Laura, su esposo y su hija estaban a escasos 13 kilómetros y a menos de 24 horas de cruzar legalmente a Estados Unidos.Laura se sentía orgullosa. A diferencia de miles de compatriotas venezolanos que intentaban cruzar la frontera entre México y Estados Unidos de forma irregular, ella y su esposo habían logrado seguir las reglas y concertar una cita por medio de la aplicación CBP One.
En octubre de 2020, el gobierno estadounidense habilitó este mecanismo para gestionar el ingreso de los migrantes por la frontera sur a través de los estados de Arizona, California y Texas.
Dos años después, la afluencia de venezolanos era tan masiva que el gobierno del presidente Joe Biden prohibió su ingreso irregular por la frontera con México y creó un mecanismo para recibir a 24.000 venezolanos patrocinados por familiares en Estados Unidos.
El cierre de la frontera se extendió luego a cubanos, nicaragüenses y haitianos. Todos debían tramitar la cita a través de CBP One, aunque muchos se quejaban de que el sistema estaba tan congestionado que tardaban semanas en lograr una entrevista con un agente migratorio.
Estados Unidos registró casi 2,5 millones de detenciones en la frontera sur durante el año fiscal de 2023, una cifra inédita para un flujo de migrantes que acumuló estadísticas récord durante los dos años anteriores.
La emboscada
La pareja intentó tomar un taxi dentro del aeropuerto de Nuevo Laredo, pero los conductores se negaron a llevarlos porque eran extranjeros. Laura pidió una carrera por la aplicación de taxi Didi, siguiendo la recomendación de otros conocidos venezolanos que tuvieron la cita en Nuevo Laredo y advertían que era una ciudad peligrosa.
Aunque no les gustaba la idea, los venezolanos caminaron fuera de los predios de la terminal aérea para abordar el auto. El ingreso al aeropuerto de taxis ajenos a las líneas internas está prohibido.
Cuando se detuvieron en un semáforo, poco antes de llegar a un puente, un auto gris los bloqueó desde el carril derecho y se bajaron dos hombres jóvenes, con tatuajes en el cuello y las manos.
“¿Para dónde van? ¿De dónde son ustedes?”, preguntó uno de los hombres, mientras el otro vigilaba la luz del semáforo. “Venimos de Ciudad México, venimos de visita”, recuerda Laura que respondió mientras abrazaba a su hija.
“Mi acento venezolano nos delató, de inmediato se dieron cuenta de que no éramos de allí”, cuenta a BBC Mundo la mujer de 33 años desde un refugio de migrantes en el norte de México, donde pidió el resguardo de su verdadera identidad y la de su familia por temor a represalias.
La luz del semáforo cambió a verde. Los vehículos comenzaron a moverse mientras ellos permanecían detenidos. Nadie tocó la bocina, nadie intervino. Uno de los hombres le ordenó al taxista que cruzara a la izquierda en la siguiente esquina.
«¡Por favor, no se pare! Sáquenos de aquí», recuerda Laura que le dijo al conductor, mientras su esposo miraba hacia atrás para confirmar que los seguían.
“Discúlpenme, no puedo hacer nada. Después arremeten contra mí”, contestó el chofer.
Ella comenzó a llorar, recordó a los hombres que les hicieron videos al abandonar el avión en el aeropuerto. «Me dio una crisis. Empecé a gritar, pensé en tirarme del carro con la niña, pero no quería lastimarla».
Su esposo cuenta que tuvo la misma idea, pero el auto gris los alcanzó antes de que la pareja tuviera tiempo de acordar una estrategia para salir de aquella trampa.
Un sueño forzado
Estados Unidos se convirtió en un sueño forzado por las circunstancias.
Laura y su esposo cuentan que eran empleados públicos en Maracaibo, la ciudad más poblada del occidente de Venezuela. Cuando sus sueldos dejaron de alcanzarles para vivir, juntaron sus ahorros y abrieron un negocio de venta de accesorios para teléfonos móviles.
La pareja comenzó a recibir amenazas de extorsión. Hombres que decían llamar desde «la cárcel» pedían una «vacuna» (extorsión) de US$200 semanales. Inicialmente el negocio no generaba ni la mitad en ganancias, así que la pareja dejó de contestar las llamadas e ignoró los mensajes de texto.
Todos los días les advertían que si no pagaban, se iban a arrepentir.
Un lunes por la mañana, Laura llegó a la tienda y descubrió orificios de disparos en la puerta. “Aunque no era nuestro plan, ese día decidimos irnos a Estados Unidos”.
Más de 7,7 millones de personas han emigrado de Venezuela desde 2015, según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, con el fin de escapar de la crisis económica, la falta de servicios básicos, la violencia y la persecución política.
«Viajamos durante un mes, nos fuimos por tierra desde Venezuela hasta México», cuenta Laura desde un salón apartado en el refugio de migrantes donde la familia se aloja temporalmente, el único lugar donde la pareja accedió a contar su testimonio para evitar el riesgo de ser escuchados.
“Vimos muertos boca abajo en los ríos del Darién, mientras se los comían los zamuros (aves de rapiña)”, afirma Laura bajando la voz frente a su hija, que da brincos mientras juega por la sala. “Cuando estábamos en la selva, unos hombres armados nos detuvieron y nos pidieron ‘colaboración’, pero no teníamos el dinero que pedían”.
“Nos apuntaron con armas y registraron nuestras mochilas. No nos hicieron más nada porque logramos huir en un momento en el que estaban distraídos revisando a otros migrantes”, explica el esposo de Laura.
El gobierno panameño reportó que más de 520.000 migrantes cruzaron la espesa selva del Tapón del Darién durante 2023 en su tránsito hacia Estados Unidos, la mayor cifra registrada en los últimos años. 63% eran venezolanos.
La revisión
Cumpliendo la orden dada, el taxista de Nuevo Laredo giró a la izquierda y se detuvo en una calle más solitaria que la avenida principal. Los hombres volvieron a bajarse del auto gris y llamaron a las ventanas.
«Bájense que les vamos a hacer una revisión», dijo uno de ellos. Laura se negó y le ordenó al taxista que mantuviera las puertas cerradas.
«Nosotros estamos sin armas, pero los que van a venir sí tienen armas y van a tomar cartas en el asunto», amenazó uno de los hombres, según recuerda Laura. “Nos dijeron que era mejor que nos montáramos por las buenas para que los otros no vinieran porque se iban a molestar”.
La familia abordó el auto gris y los hombres pidieron los celulares y las claves de acceso. Laura entregó el suyo, era el único teléfono que tenían. Los hombres armados del Darién se habían quedado con el de su esposo.
Los venezolanos fueron trasladados a un hotel abandonado. Al entrar, Laura vio un revólver 38 sobre un mueble que alguna vez fue la recepción.
Luego los condujeron a una habitación donde había más de 15 personas. Laura y su esposo los reconocieron a todos: eran pasajeros del avión en el que llegaron a Nuevo Laredo desde Ciudad de México.
Dinero o cita
Los hombres les pidieron el papel de la cita para verificar que aquel era el verdadero motivo de su presencia en Nuevo Laredo. A Laura y a su esposo les preguntaron sus nombres y apellidos y les tomaron fotos con la niña.
Mientras esperaban instrucciones de sus captores, la pareja descubrió que en aquella habitación había colombianos, cubanos, ecuatorianos, hondureños y mexicanos.
“Al rato apareció un hombre que nos dijo: ‘Tienen que buscar US$800 por persona para que puedan salir. Si no nos dan el dinero, no van a su cita’”, cuenta Laura.
Los sacaron a todos de aquella habitación y los hicieron abordar varios vehículos y camionetas a toda prisa. La pareja asegura que ningún auto tenía placa. En el camino vieron hombres con radiotransmisores en las calles.
«El muchacho que conducía la camioneta en la que íbamos se detuvo en un sitio y le dijo a un tipo que le diera dos. Miré disimuladamente y vi que el hombre estaba armado y le entregó dos bolsitas de droga”.
Los venezolanos fueron trasladados a una casa humilde y estrecha, donde había un pozo séptico cerca de la sala donde estaban los secuestrados. “El hedor del pozo se filtraba por todas partes. Había unas 15 personas, entre cubanos, mexicanos, hondureños y guatemaltecos”, detalla Laura.
La pareja recuerda que separaron a las mujeres de los hombres. Mantenían a los mexicanos apartados de otras nacionalidades. Laura dice que un hombre mayor que los custodios, vestido con una chaqueta y una gorra, tomó la palabra y se dirigió a ellos como si fuera el jefe:
“Nosotros somos del Cartel de los Zetas. Tengan cita o no tengan cita, ustedes no tienen derecho a estar aquí. Por eso tienen que pagar por el suelo que están pisando. El suelo de Nuevo Laredo cuesta US$20.000 pesos’”.
El Cartel de los Zetas surgió a finales de los 90 como un grupo élite que desertó del Ejército mexicano y se convirtió en un brazo armado del Cartel del Golfo. Sus hombres eran sicarios, guardaespaldas y transportistas, explica Insight Crime, una organización dedicada a la investigación del crimen organizado y la seguridad ciudadana en América Latina.
Con el tiempo, el grupo se separó del Cartel del Golfo y se convirtió en “el grupo paramilitar más tecnológicamente avanzado, sofisticado y violento” de México, según la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus iniciales en inglés), conocido por usar el miedo en lugar de la corrupción como mecanismo de dominación en sus territorios, precisa Insight Crime.
En el año 2010, hombres del Cartel de los Zetas asesinaron a tiros a 72 migrantes, en su mayoría centroamericanos, que viajaban en un autobús por una carretera de Tamaulipas, en una de las peores masacres de migrantes registradas en la historia de México.
Laura y su esposo hicieron cuentas: 20.000 pesos equivalían a cerca de US$1.200 dólares por persona, US$400 más que el monto que les dieron inicialmente por cada uno.
“Para las personas que tengan su chingada cita: si no nos pagan, lamentablemente van a perderla y los vamos a devolver”, cuenta Laura que dijo el hombre.
La extorsión
Les entregaron sus teléfonos para que contactaran a familiares y amigos que pudieran hacer transferencias para ayudarlos. Pero antes, el hombre les advirtió que no intentaran enviar la localización del lugar donde estaban.
“No pierdan el tiempo, aquí nadie los va a ayudar. En Nuevo Laredo mandamos nosotros”.
Aunque sabía que no tenía dinero, Laura le contó a su madre lo que estaba pasando. “Nos secuestraron y nos están extorsionando con la cita de Migración”.
Su madre se puso muy nerviosa, ofreció empeñar el único bien que tenía: su casa en Maracaibo. Laura agradeció el gesto, pero no había tiempo para eso. La pareja le escribió a otros parientes, pero nadie tenía dinero para hacerles un préstamo.
Esa noche no pudieron dormir. Les ofrecieron comida, pero no probaron bocado. Laura se alegró de que los hombres no mostraran armas mientras los custodiaban. Aunque su hija parecía ser muy pequeña para entender lo que estaba pasando, no quería que sintiera miedo.
“En ese punto ya no importaba la cita. Lo que más nos preocupaba era que no le hicieran daño a la niña y que pudiéramos salir con vida”, dice el esposo de Laura.
Escucharon que a los mexicanos que intentaban cruzar la frontera por Nuevo Laredo les pedían entre US$10.000 y US$20.000 dólares. Y que no los soltaban hasta que pagaran. Uno de los mexicanos secuestrados les contó que llevaba más de un mes en aquella casa.
Una oportunidad perdida
Al día siguiente, impregnada por el hedor del pozo séptico, Laura miró en la pantalla de su teléfono móvil cómo avanzaba el tiempo: 7:30, 8:00, 8:30 de la mañana. Pasó la hora de la cita, habían perdido la oportunidad de entrar legalmente en Estados Unidos.
Gracias a transferencias de parientes que tenían en Estados Unidos, una familia cubana logró pagar US$9.600 en menos de 24 horas: US$1.200 por cada uno de los ocho miembros. Los hombres que los secuestraron ofrecieron llevarlos hasta el Puente Internacional de Las Américas para garantizar que llegaran a tiempo a la cita.
Después del mediodía, uno de los hombres le pidió a Laura el teléfono para revisarlo. “Leyó todos los chats y comprobó que no teníamos a nadie que nos apoyara económicamente”.
Antes de desalojarlos de la casa bajo el argumento de que necesitaban el espacio para otras personas, los hombres le hicieron un video a la pareja, con la niña en brazos, y les obligaron a decir que estaban bien y que no les habían hecho daño.
“En ese momento pensamos que estaban buscando una prueba para eliminar su responsabilidad y que luego nos iban a matar”, recuerda Laura.
A la familia venezolana y a otros migrantes que no pagaron y perdieron su cita aquel día los llevaron a un terminal de autobuses. Mientras los obligaban a abordar uno con destino a la ciudad de Monterrey, en el vecino estado de Nuevo León, volvieron a tomarles fotos y les dijeron que no se molestaran en denunciar a la policía.
“No vuelvan a pisar Nuevo Laredo. Recuerden: aquí mandamos nosotros”.
Los coordinadores de varios albergues de migrantes en el norte de México confirmaron haber escuchado la misma historia en boca de otros migrantes que también fueron secuestrados en Tamaulipas por el Cartel de los Zetas.
En un informe sobre delitos perpetrados contra migrantes, la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación de México reportó que 540 personas denunciaron haber sido víctimas de algún delito en su tránsito por México hacia Estados Unidos durante 2023. Casi la mitad eran centroamericanos.
La mayoría dijo haber sido víctima de tráfico ilícito de personas y robo. Un 10% denunció secuestros. El estado de Tamaulipas, donde Laura y su familia fueron capturados, no figura en la estadística oficial del último año y el documento no ofrece detalles sobre la responsabilidad de los carteles en estos crímenes.
A principios de enero, 31 migrantes fueron secuestrados en Tamaulipas. “Los tenían en un sitio y como se dio un despliegue importante en la zona, pues había mucho gobierno, decidieron dejarlos libres”, contó el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.
Consultado en rueda de prensa sobre el grupo que los capturó, el mandatario dijo que era «una investigación que continúa». «Por lo pronto, celebremos que aparecieron con vida».
La mayoría de los secuestrados eran venezolanos.
BBC Mundo consultó con varias instancias del Estado mexicano sobre el papel del Cartel de los Zetas en las denuncias de secuestros y extorsiones contra migrantes en el estado de Tamaulipas, pero no obtuvo respuesta hasta la fecha de publicación de esta historia.
Desde un refugio de migrantes en el norte de México, cada día Laura y su esposo intentan concertar una nueva cita en la aplicación CBP One, en cualquier lugar que no sea Nuevo Laredo. Hasta el momento no lo han conseguido.
Fuente
Valentina Oropeza Colmenares Role,BBC News Mundo. Enviada especial a la frontera entre México y EE.UU.
Apelaciones confirmó y amplió condena a policías de Guardia Republicana por violación de dos jóvenes en 2022.Tres efectivos habían sido condenados por violación y abuso sexual especialmente agravado. Uno se quitó la vida, al igual que una de las víctimas.
El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4º turno confirmó y amplió la condena de los efectivos de la Guardia Republicana por violar a dos jóvenes en la zona de Nuevo París.
El hecho ocurrió el 22 de febrero de 2022 en Batlle Berres y Ferreira y Artigas. Los tres policías habían sido condenados en agosto de ese año a nueve años y nueve meses de cárcel por los delitos de violación y abuso sexual especialmente agravado.
También se les inhabilitó para el ejercicio de la patria potestad, la obligación de reparar económicamente a las víctimas y la imposibilidad de desempeñar cargos en contacto con niños, niñas y adolescentes, entre otras medidas.
En fallo dividido, los ministros Ángel Cal, Luis Charles y Gabriela Merialdo resolvieron confirmar la condena, pero la ampliación de las penas a 14 años de cárcel. La fiscal de Delitos Sexuales, Mariana Alfaro, había pedido una condena de 18 años de prisión.
Los tres efectivos de la Guardia Republicana habían sido detenidos e imputados en febrero 2022, luego de que dos mujeres presentaron una denuncia por violación. Según relataron las víctimas, de 20 y 33 años, ellas iban caminando por el barrio Paso Molino y los uniformados, que estaban en un patrullero, se ofrecieron a llevarlas en la camioneta policial hasta sus casas, porque la zona “era peligrosa”. Las mujeres accedieron. Ya en el patrullero, indicaron, fueron violadas por los agentes policiales.
La menor de las víctimas se suicidó en noviembre de 2022, mientras que uno de los policías condenados se quitó la vida en noviembre de 2023.
“Es dinero de los uruguayos que se podría volcar en este tipo de cosas, y va a haber que pagarle a una empresa que estuvo mal gestionada”, sostuvo el secretario de Presidencia.
El secretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, dijo que el gobierno analiza “con mucha cautela” los pasos a seguir por la demanda por el cierre de Pluna. Uno de los caminos es pedir la nulidad, porque el fallo es inapelable.
“Todavía el tribunal tiene que declarar la apertura del fallo para que sea público”, aclaró.
De todos modos, dijo que “la defensa de Uruguay fue muy importante porque nos concentramos en los daños y en el abatimiento de los daños y logramos bajarlos muchísimos, enormemente. Recuerden que era una demanda por más de 800 millones de dólares. Por supuesto que nadie quiere tener un fallo en contra, y menos tener que pagar”.
Luego sostuvo que no se resolvió bien y que “es dinero de los uruguayos que se podría volcar en este tipo de cosas, y va a haber que pagarle a una empresa que estuvo mal gestionada”.
Ferrés se encuentra en la inauguración del Centro de Referencia de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), en la zona de Casavalle.
Eber Da Rosa presentó su informe ante el ministro Omar Paganini sobre la situación política en ese país. «La viabilidad del proceso de normalización democrática está en cuestión por una serie de acciones del gobierno», escribió en canciller en X.
El ministro de Relaciones Exteriores recibió este lunes el informe del embajador de Uruguay en Caracas, Eber Da Rosa, sobre la situación política en ese país.
«Lamentablemente se ratifica la preocupación del gobierno uruguayo: la viabilidad del proceso de normalización democrática está en cuestión por una serie de acciones del gobierno», escribió Paganini en la red social X.
El canciller abogó porque en Venezuela «debe haber elecciones libres y transparentes». «Con persecución y proscripción de candidatos, con prisión de líderes sociales y expulsión de representantes internacionales no se llegará a la normalización democrática que se buscaba con el Acuerdo de Barbados», agregó.
