Estados Unidos reimpone sanciones a Venezuela tras confirmarse la inhabilitación de la candidata opositora María Corina Machado

Nueva marcha atrás en las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos.

El gobierno estadounidense comenzó este lunes a reimponer sanciones económicas sobre Caracas, tres días después de que el Tribunal Supremo confirmara la inhabilitación de la candidata presidencial opositora María Corina Machado.

Las primeras medidas afectan al sector minero. Según un comunicado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU., toda empresa estadounidense que negocie con la compañía estatal Minerven tiene hasta el 13 de febrero para «cerrar transacciones» con la misma.

La decisión se produce después de varias advertencias de Washington a Caracas de revertir la relajación de sanciones que comenzó el año pasado, tras los llamados Acuerdos de Barbados entre el gobierno y la oposición venezolana.

Machado, quien fue elegida con amplia mayoría como la candidata de unidad de la oposición en octubre, había sido inhabilitada en junio por la Contraloría General de Venezuela (CGR) para postularse a cargos de elección popular durante un plazo de 15 años.

El veto sobre Machado y Capriles y el regreso de las sanciones suponen un revés para una hipotética normalización de relaciones entre EE.UU., Venezuela y la oposición.

Además de las garantías electorales, Washington exigía a Caracas levantar las inhabilitaciones a miembros de la oposición, relajar prohibiciones y liberar a presos políticos y estadounidenses «detenidos injustamente». A cambio, la Casa Blanca flexibilizó algunas de las duras sanciones que pesan sobre la economía venezolana, como los límites a la venta de petróleo y gas en el exterior.

En diciembre, Estados Unidos liberó al empresario colombiano Alex Saab, aliado clave de Maduro, a cambio de varios venezolanos y estadounidenses detenidos en el país sudamericano.

Pero estos pasos hacia una posible normalización parecen frenarse en seco con los últimos acontecimientos. Horas antes de la reimposición de las sanciones este lunes, John Kirby, portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, dijo que las medidas que imponga EE.UU. dependerán de Maduro y su gobierno.

«Tienen hasta la primavera para honrar sus compromisos. Tienen decisiones que tomar antes de que nosotros midamos qué decisiones tomaremos», dijo Kirby.

Este lunes, el jefe de la delegación del Gobierno de Venezuela en las negociaciones con la oposición, Jorge Rodríguez, advirtió que su país responderá con severidad si EE.UU. reanuda o aplica nuevas sanciones contra el país.

«Si hay alguna acción agresiva, nuestra respuesta será severa, recíproca y enérgica», aseguró Rodríguez en rueda de prensa.

En el mismo día, Machado reiteró sus intenciones de competir en las próximas elecciones presidenciales a pesar del veto confirmado por el Supremo.

«Quiera o no quiera Maduro, se va a medir conmigo y lo vamos a derrotar en elecciones presidenciales», dijo ante periodistas la exdiputada liberal, que descartó la posibilidad de que alguien la sustituya como candidata de la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD).El clima político se ha enrarecido con rapidez en Venezuela en las últimas semanas.

El gobierno denunció un supuesto complot para asesinar a Maduro y acusó a periodistas y activistas de ser parte de él.Poco antes, tres dirigentes regionales de la campaña de Machado fueron detenidos y vinculados a una presunta conspiración contra el gobierno, según acusación del fiscal general, Tarek William Saab, quien anteriormente fue diputado constituyente y gobernador electo por el chavismo.

En medio de estas denuncias de conspiraciones que derivaron en la detención de civiles y militares, Maduro dijo el jueves que los acuerdos que firmó su gobierno con la oposición en octubre de 2023 en Barbados están «heridos de muerte».

Al menos tres milicianos palestinos han muerto. Es la primera vez desde 2015 que las fuerzas israelíes lanzan este tipo de operación en un hospital de Cisjordania

Las fuerzas israelíes enviaron el martes a un comando disfrazado de personal médico y de civiles a un hospital de Jenín, en Cisjordania ocupada, para ejecutar a tres hombres presentados como «terroristas», con vínculos con Hamas. Tres milicianos palestinos habrían muerto.

En un vídeo de vigilancia publicado por las autoridades palestinas en las redes sociales, una docena de hombres y mujeres equipados con armas de guerra y disfrazados de personal médico o civiles entraron en una unidad asistencial y apuntaron con sus armas a los presentes. Algunos miembros enmascarados del comando llevaban una silla de ruedas plegada o una sillita de bebé.

Es la primera vez desde 2015 que las fuerzas israelíes lanzan este tipo de operación en un hospital de Cisjordania, donde las tensiones se recrudecen con el telón de fondo de la guerra entre Israel y el movimiento islamista palestino en Gaza.

Un periodista de la AFP vio los cuerpos de los tres hombres, llorados por sus familiares, en el interior del hospital Avicena de Jenín, bastión de los grupos armados palestinos. Una camilla, sobre la que una almohada atravesada por una bala estaba manchada de sangre, dejaba pocas dudas sobre la naturaleza de la operación.

Más allá, un colchón conservaba restos de sangre, parte de la cual había salpicado el suelo y las paredes.

En un comunicado conjunto, el ejército, la seguridad interior y la policía israelíes afirmaron que juntos habían «neutralizado» a Mohammad Jalamnah, un «terrorista de Hamás», así como a «otros dos terroristas», Bassel y Ayman Ghazawi.

Hamas confirmó la afiliación de Jalamnah. Y la Yihad Islámica, otro movimiento islamista palestino, reivindicó la afiliación de los dos hermanos Ghazawi. Los funerales de estos dos últimos se organizaron al final de la mañana.

«Un grupo de miembros de las fuerzas de ocupación vestidos de civil entraron y mataron» a los tres hombres con armas provistas de silenciadores, declaró a la AFP el doctor Naji Nazzal, director médico del establecimiento.

«La operación tuvo lugar en el departamento de rehabilitación de la tercera planta, donde Bassel Ghazawi recibía tratamiento desde el 25 de octubre», añadió el médico, precisando que el hombre «ya no podía moverse en absoluto».

fuente elmundoes

La Justicia resolvió la cuestión de fondo y avaló el planteo de la central obrera declarando la invalidez del capítulo 4 del DNU del Presidente

La Sala de Feria de la Cámara del Trabajo resolvió el amparo planteado por la CGT y determinó que el capítulo 4 del DNU 70/2023 de Javier Milei es inconstitucional. Sostuvieron que este tipo de reformas deben analizarse y debatirse en el Congreso. La decisión alcanza a los artículos vinculados a la reforma laboral que impulsa el gobierno nacional. El fallo al que accedió Infobae fue firmado por los jueces Manuel Diez Selva, Héctor Guisado y Mario Fera, que -de esta manera- rechazaron la apelación que había hecho el Ejecutivo para dejar en pie el decreto en su tramo laboral. Se descuenta que el Gobierno apelará a través de un recurso extraordinario ante la Corte Suprema.

“No se registraba impedimento para la reunión de las cámaras del Congreso, e incluso el 27 de diciembre de 2023, es decir, con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del DNU 70/2023, el órgano legislativo se encontraba convocado, en funciones, y con facultades para examinar el contenido de las reformas propiciadas en dicho DNU”, se sostuvo en el fallo.

“Los propios considerandos de dicho DNU traducen -al menos en lo que respecta a la materia laboral- que no se evidencia objetivamente la ‘necesidad’ de adoptar tan numerosas medidas, y que, aunque ello pudiera -hipotéticamente- justificarse en las referencias genéricas a ‘un hecho demostrado’, lo cierto y jurídicamente relevante es que no se avizora que las que se alegan constituyan razones de ‘urgencia’ para eludir la debida intervención del Poder Legislativo en lo que hace a la legislación de fondo, máxime cuando varias de las normas que el Poder Ejecutivo Nacional pretende modificar sin darle intervención a los legisladores tienen naturaleza represiva o sancionatoria, al punto que se las ha incluido como integrativas del derecho penal laboral, calificadas como ‘leyes antievasión’”, advirtió la Cámara del Trabajo que, además, ordenó inscribir este caso como proceso colectivo.

La CGT reclamó la inconstitucionalidad de la reforma laboral que fijó el decreto en la última semana del 2023, en el marco de una movilización que hizo al Palacio de Tribunales. En ese momento, el juez laboral José Ignacio Ramonet rechazó hacer lugar a una “medida cautelar interina” contra el DNU por el solo hecho de que para ese momento no había entrado en vigencia, pero se declaró competente, le dio tres días al Estado para que conteste el amparo y hasta detalló quiénes eran las autoridades de su fuero en enero para pedir la habilitación de feria, en una clara señal de intentar resolver con premura