El obispo nicaragüense Rolando Álvarez, que fue enviado a prisión hace un año, fue expulsado del país este domingo junto a otros 17 clérigos.

Todos ellos fueron recibidos por el Vaticano. Álvarez, quien ha sido un fuerte opositor del actual presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, fue sentenciado a veintiséis años de prisión en febrero pasado después de criticar enérgicamente la represión de Ortega contra las protestas masivas en 2018.

La salida de los religiosos de la cárcel y posterior destierro se concretó gracias a “coordinaciones discretas” entre el Vaticano y Managua, de acuerdo a un comunicado emitido por el gobierno nicaragüense.“Ellos han sido ya recibidos por autoridades vaticanas. Reconocemos las posibilidades del dialogo franco, directo, prudente y muy serio”, se puede leer en el documento.

Las relaciones entre el Vaticano y Managua empeoraron cuando Ortega acusó a sacerdotes de apoyar las protestas antigubernamentales de 2018, que consideró un intento de golpe liderado por Washington y que se saldaron, según Naciones Unidas, con más de 300 muertos.

Estados Unidos y el Vaticano estuvieron entre los que pidieron la liberación de Álvarez.

También entre los liberados se encontraba el obispo Isidoro Mora y 13 sacerdotes arrestados en diciembre, de acuerdo a información entregada por el líder opositor Uriel Vallejo.

«A Ortega y a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo les gustaría dejar a Nicaragua sin sacerdotes. Otro avión lleno de pastores del pueblo al exilio», escribió Vallejos, exiliado en Estados Unidos, en X, antes conocida como Twitter.

De acuerdo a una investigación de la abogada Martha Molina, exiliada en Estados Unidos, desde 2018 ha habido 740 ataques contra la iglesia y 176 sacerdotes y monjas han sido expulsados, desterrados o prohibidos de ingresar al país

Desde el encarcelamiento de Álvarez, un gran número de sacerdotes que hablaron en apoyo del obispo han sido detenidos.

El Vaticano está acogiendo a todos los clérigos expulsados, como hizo con otros en octubre pasado.

Un obispo muy crítico

Álvarez, quien ejercía como obispo de la diócesis de Matagalpa, fue considerado durante años como una de las voces más críticas ante la situación que vive Nicaragua.

En sus homilías abordaba cotidianamente los problemas de los feligreses y alzó su voz para criticar los supuestos abusos contra los derechos humanos cometidos por la Policía Nacional de Nicaragua o los derechos de los campesinos en ese país.

Además, tuvo un papel destacado en la mediación que ejerció la Conferencia Episcopal de Nicaragua durante el proceso de diálogo puesto en marcha tras las masivas protestas populares ocurridas en 2018 en la nación centroamericana cuya dura represión por parte del gobierno generó centenares de muertos.

Álvarez también ha hecho frente a las agresiones que la Iglesia católica ha sufrido en Nicaragua de parte no solamente del gobierno, sino también de la militancia sandinista.

De acuerdo con la investigación de Molina, el nombre de Rolando Álvarez aparece mencionado 78 veces, no porque él haya sido objeto de un número semejante de ataques sino porque con frecuencia fue él quien denunciaba esas situaciones.

Así, por ejemplo, en abril de 2022, Álvarez hizo público que una de sus colaboradoras había sido víctima de una agresión.

Entonces señaló: «No hagan con los fieles lo que quieren hacer conmigo. Lo que quieran hacer conmigo, si van a hacerlo, háganlo conmigo y no con los fieles, no con el santo pueblo de Dios».

Un mes más tarde, el obispo inició un ayuno con agua y suero para protestar por el acoso policial del que -aseguraba- estaba siendo víctima.

Pero hasta ese momento el gobierno de Ortega no había intervenido. Pero en agosto de 2022, la policía nicaragüense llegó una madrugada a la casa parroquial de Matagalpa y detuvo a Álvarez y a otros seis religiosos.

El obispo permaneció detenido sin cargos durante más de 100 días hasta que en diciembre de ese mismo, fue acusado por los delitos de «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas».

Según la prensa nicaragüense, las autoridades del país le habían ofrecido liberarlo si accedía salir del país.

De hecho muchos analistas destacan esta parte de su activismo contra el gobierno de Ortega: Álvarez se había negado dos veces a abandonar el país.

En una extraña sucesión de hechos, fue liberado, capturado de nuevo en febrero de 2023 y en un juicio express condenado a 25 años de cárcel.

Hasta este domingo cuando fue expulsado del país. Fuente BBC

Ecuador vive una de las mayores crisis de seguridad de su historia reciente.

Un violento asalto a una canal de televisión, secuestros de policías, fuga de importantes líderes criminales de las cárceles e incursiones de grupos armados en universidades son algunos de los episodios que han golpeado a este país sudamericano en los últimos días.

Lo anterior llevó a su actual presidente, Daniel Noboa, a declarar la existencia de un “conflicto armado interno” en el país, ordenando a las fuerzas militares a restablecer el orden.

La crisis de seguridad se ha agravado especialmente en los últimos 4 años.En 2023, Ecuador batió su récord histórico de homicidios con 7.878, lo que refleja un drástico aumento si lo comparamos con las cifras de 2019, donde hubo 1.187.

Y es que el país ha pasado a ser un importante centro regional de almacenamiento, procesamiento y distribución de droga, lo que ha fortalecido a las más de 20 bandas criminales que operan en él.

En vista de esta compleja situación, ¿qué pueden aprender los otros países latinoamericanos de lo que está sucediendo hoy en Ecuador?

1. Mayor (y mejor) presencia estatal

Los expertos consultados por BBC Mundo coinciden en que una de las cosas más importantes para frenar el avance del crimen organizado es la presencia del Estado en los distintos territorios.

“En Ecuador tenemos un Estado que se ha evaporado, que se ha hecho invisible o que, si está presente, lo está de manera negativa”, explica Douglas Farah, consultor y analista de seguridad nacional, que lleva más de tres décadas investigando sobre América Latina.

“Es fundamental que los países rediseñen sus sistemas para que el Estado sea visto como positivo”, agrega.

Una opinión similar tiene Pablo Zeballos, exoficial de inteligencia chileno y consultor internacional de crimen organizado.

“El control territorial por parte de las organizaciones criminales va de la mano de un abandono del Estado. Y se pueden generar condiciones sumamente dramáticas, donde estos grupos terminan logrando acuerdos con las estructuras gobernantes”, indica.

Para lograr una mayor presencia estatal, es clave la inversión que se haga en el sector público, en ámbitos como la educación, el empleo o la salud, afirman los expertos.

Y es que, cuando estos factores fallan, la criminología aumenta.

Así lo plantea el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO) que, en un informe sobre caracterización del crimen organizado en Ecuador, asegura que “la pobreza, el desempleo y la desigualdad”, que han sufrido un “crecimiento sostenible” en los últimos años, “guardan una relación causal con el nivel de criminalidad y violencia en las ciudades”.

“La promoción del empleo es una actividad que combate la delincuencia, porque mejores niveles de vida sí están correlacionados con la menor criminalidad”, asegura a BBC Mundo la investigadora boliviana, Diana Balderrama.

Por otro lado, para Luis Córdova Alarcón, coordinador del programa Investigación, Orden, Conflicto y Violencia de la Universidad Central del Ecuador (UCE), también es importante la presencia del Estado en la regulación de la economía de los países latinoamericanos.

“Desde los años 90, nosotros apuntamos a la desregulación de los mercados, al libre mercado, a la no intervención del Estado en la economía».

«Pero mientras eso parecía conducirnos al crecimiento y al desarrollo, al mismo tiempo esas políticas se convirtieron en los mayores facilitadores para el lavado de dinero, el flujo de dinero sucio y eso apuntaló al crimen organizado”, le dice a BBC Mundo.

“La idea de que el Estado debe achicarse y dejar que el mercado regule, lo que hace es crear un capital criminal. Y eso lo vive América Latina”, añade.

2. Control de la corrupción

Para los expertos, es importante que los países latinoamericanos entiendan que el crimen organizado “siempre opera en la intersección entre agente estatales, criminales y actores económicos”.

“Por lo tanto, cualquier estrategia para contrarrestar la presencia de mercados ilícitos y de estructuras criminales tiene que apuntar en esas tres direcciones”, dice Luis Córdova Alarcón.

En el caso de Ecuador, los investigadores han constatado que las bandas se han hecho omnipresentes en la estructura del país, expandiendo sus tentáculos no solo en la sociedad civil sino que también en las propias instituciones.

De hecho, a mediados de diciembre, la fiscalía de Ecuador lanzó una megaoperación contra la corrupción y el narcotráfico, con decenas de redadas en distintos puntos de Ecuador.

El operativo Metástasis, como lo bautizaron, llevó a la detención de 29 personas, entre las que se encontraban jueces, fiscales, policías, abogados y sujetos relacionados con el crimen organizado.

A la luz de estos hechos, los consultados por BBC mundo coinciden en que es importante que los gobiernos latinoamericanos creen mecanismo de supervisión a las fuerzas de seguridad y del Estado, logrando su depuración.

“Ecuador nunca hizo eso. Ecuador ha utilizado a la fuerza pública a sabiendas que existen narcogenerales en la policía o que tenemos infiltrados a criminales en las Fuerzas Armadas… entonces es obvio el resultado”, señala Córdova Alarcón.

Para Pablo Zeballos, la corrupción es una de las “condicionantes más importantes” en el crecimiento del crimen organizado.

“Estas estructuras no crecen de la nada. Crecen porque hay algo que les permitió crecer o porque nadie les puso atención, intencional o no intencionalmente”, afirma.

3. Mejor inversión en sistemas carcelarios

En Ecuador, las prisiones son el epicentro de la crisis de seguridad pública.

La realidad de otros países de América Latina, como Brasil o Venezuela, no es muy diferente.

Y es que las distintas penitenciarías creadas por los Estados para mejorar la seguridad de quienes están fuera de ellas han tenido un efecto inverso al buscado: se volvieron centros de comando de importantes organizaciones criminales.

La paradoja quedó expuesta hace unos días en Guayaquil, donde la fuga carcelaria de Adolfo Macías, «Fito», líder de uno de los grupos criminales más peligrosos de Ecuador, desató una ola de motines en prisiones y ataques fuera de ellas.

Frente a esto, los especialistas coinciden en que una urgencia para los países latinoamericanos es invertir en mejores prisiones, con un mayor sistema de vigilancia.

Advierten, sin embargo, que la inversión no es sinónimo sólo de mejor infraestructura.

“Puedes tener cárceles modernas, pero si eso no va de la mano de la inversión en recurso humano capacitado y mecanismos de control adecuados, es una pérdida. Es regalarle un hotel 5 estrellas al grupo criminal”, señala Pablo Zeballos.

Douglas Farah agrega que en general ayuda que los presos estén dispersos, en condiciones “sanas” y con acceso a sus familias.

“Las prisiones siguen siendo una prioridad muy baja para la gran mayoría de los países latinoamericanos porque se cree que los criminales no tienen derechos. Pero la verdad es que si no generas buenas condiciones, las prisiones terminan convirtiéndose en criaderos de violencia y crimen”, indica.

Por otra parte, Luis Córdova Alarcón advierte que se debe tener cuidado con los beneficios carcelarios que se les dan a los líderes de las bandas a cambio de información.

“En Ecuador, las cárceles se convirtieron en trincheras del crimen organizado gracias a la política que estableció el propio gobierno y la policía para obtener información del tráfico de drogas”, explica.

“A cambio de información sobre movimiento de drogas, les daban beneficios a los cabecillas delincuenciales».

«Y claro, el gobierno resultaba exitoso decomisando drogas, desarticulando bandas pero al mismo tiempo las estructuras de pandillas en las cárceles tenían éxito porque seguían amasando fortunas y privilegios”, señala.

4. Fortalecimiento de las policías

En América Latina, históricamente se ha recurrido con frecuencia a los militares para restablecer el orden ante diversas crisis de seguridad.

Ecuador lo está haciendo ahora pero países como México o Colombia también son un ejemplo de aquello.

Para los especialistas, uno de los motivos por el que los gobiernos latinoamericanos han recurrido con tanta frecuencia a esta vía es por la percepción de debilidad de sus policías que se alimenta de casos de corrupción y profundas crisis de representatividad.

“Las policías de América Latina, en general, se han caracterizado por una infinita corrupción y debilidad para enfrentar al narcotráfico”, señaló David Saucedo, especialista mexicano en seguridad pública, en una entrevista con BBC Mundo.

Es lo que sucede hoy en Ecuador donde en el último tiempo han terminado destituidos varios oficiales de policía.

En opinión de los expertos, este es un factor clave que fortalece al crimen organizado.

“Tener una policía sana, capaz y entrenada es un eje fundamental de cualquier política para combatir la violencia”, dice Douglas Farah.

“Hemos visto que cuando la gente piensa que al llamar a un policía va a llegar un ladrón, es porque el sistema ha fracasado”, añade.

De esta manera, Pablo Zeballos afirma que no solo es importante apoyar y capacitar a las policías sino también “sancionar drásticamente a aquellos funcionarios policiales que, incumpliendo su juramente, tranzan con la criminalidad y permiten que estos espacios se vayan contaminando”.

Por su parte, Luis Córdova Alarcón afirma que el problema de la seguridad no se puede dejar sólo en manos de los policías o militares.

“Este tema debe involucrar con más fuerza a la población civil. En caso contrario, terminan siendo los militares y las policías los que colonizan el debate de la seguridad y esa es una trampa en la que cayó Ecuador y en la que están cayendo varios países de América Latina”, advierte.

5. No menospreciar el poder de las pandillas locales

De acuerdo con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en ese país hoy operan más de 20 bandas criminales que su gobierno califica como “organizaciones terroristas”.

Estas libran una lucha interna por el control de las rentables rutas del narcotráfico que existen en territorio ecuatoriano.

Entre las bandas más conocidas están la de los Choneros, liderada por el prófugo de la justicia alias “Fito”, los Tiguerones, los Lobos y los Lagartos.

Y aunque hoy día muchos latinoamericanos han escuchado el nombre de estos grupos, hasta hace pocos años no figuraban mayormente en el conocimiento público.

“Creo que uno de los grandes aprendizajes del caso ecuatoriano es que no hay que subvalorar la capacidad de la propia delincuencia local”, señala Pablo Zeballos.

“Un error que Ecuador cometió fue decir: ‘estas son solo pandillas’. Y siguen siendo pandillas pero son capaces de tener organizaciones muy fuertes”, agrega.

En esta misma línea, los expertos coinciden en que, si no se les toma en serio, sólo se les da más poder y herramientas para crecer.

“En Centroamérica, las maras eran solo una pandilla por casi dos décadas. Hasta que comenzaron a organizarse y ahora son un grupo de crimen organizado muy fuerte”, señala Douglas Farah.

El investigador agrega que lo anterior no significa que no haya que estar alerta con los posibles criminales que ingresen desde otros países.

Por eso, dice, se debe tener un adecuado control fronterizo y una política vecinal que ayude a ese control.

Pero los especialistas coinciden en que hoy, con el acceso tecnológico, los modelos de criminalidad exitosos de otros países son fácilmente replicables.

«Las pandillas internas están siempre aprendiendo», advierte Pablo Zeballos.

La guerra en Gaza cumple 101 días y el número de muertos alcanza los 24.000.Gran parte de la infraestructura de Gaza ha sido destruida y un 85% de la población ha quedado desplazada.

A medida que se incrementa el número de muertos en Gaza, aumentan también los llamamientos internacionales para un alto el fuego. La mayor parte de la población de Gaza, de 2,2 millones de personas, está desplazada internamente y la ONU ha advertido que la mitad de la población corre riesgo de morir de hambre.

«La muerte masiva, la destrucción, el desplazamiento, el hambre, las pérdidas y el dolor de los últimos 100 días están manchando nuestra humanidad compartida«, dijo en un comunicado Philippe Lazzarini, comisionado general de la agencia de la ONU responsable de los refugiados palestinos UNRWA.

Y subrayó que toda una generación de niños en Gaza sufre un «trauma psicológico», mientras las enfermedades continúan propagándose y la «hambruna» se vislumbra en el horizonte. En la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, hay más de un millón de personas, muchas de ellas desplazadas que han llegado desde otras partes del territorio buscando un lugar seguro y escapando de los ataques en el norte y centro.

En una publicación en Telegram, el portavoz del Ministerio de Salud de Gaza, Ashraf al-Qudra, dijo que la infraestructura y los servicios médicos en Rafah no podían atender las necesidades de aproximadamente 1,3 millones de personas desplazadas allí.

«Rafah está llegando a un punto de ruptura debido a la afluencia de cientos de miles de palestinos desplazados y sus familias», afirmó.

Los médicos del hospital Nasser de la ciudad dijeron que estaban teniendo dificultades para brindar atención en un sistema de salud «colapsado».

«La mayoría de los suministros médicos de la UCI están desaparecidos», le dijo a Reuters el doctor Mohammad al-Qidra. «No tenemos camas vacías ni tratamientos. La mayoría de los medicamentos que se encuentran en las salas de urgencias no son suficientes para los pacientes. Estamos tratando de encontrar alternativas».

Muchas personas desplazadas también utilizan las salas del hospital como refugio. La Organización Mundial de la Salud dice que menos de la mitad de los hospitales de Gaza están funcionando y sólo en parte. Y según el Ministerio de Salud muy pocas ambulancias están operativas en el territorio.

Discurso desafiante

Durante el fin de semana, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, marcó los 100 días de guerra en Gaza con un discurso desafiante en el que prometió continuar con los combates “hasta la victoria”. «Nadie nos detendrá: ni La Haya, ni el eje del mal, ni nadie más«, declaró refiriéndose a la Corte Internacional de Justicia donde Israel está siendo acusado por Sudáfrica de cometer genocidio contra los palestinos en Gaza.

Las acusaciones más graves sobre genocidio en Gaza que Sudáfrica hizo frente a la CIJ y cuál fue la defensa de Israel

«Continuaremos la guerra hasta el final, hasta la victoria total, hasta que logremos todos nuestros objetivos», declaró Netanyahu en una conferencia de prensa televisada el sábado. También el sábado, en Tel Aviv, decenas de miles de personas conmemoraron los acontecimientos del 7 de octubre con una marcha exigiendo a las autoridades israelíes el regreso de los rehenes retenidos por Hamás.

Israel está bajo una creciente presión internacional para que considere un alto el fuego o una pausa humanitaria en Gaza. Incluso su aliado más cercano, Estados Unidos, que defiende consistentemente el derecho de Israel a la autodefensa, le ha dicho repetidamente a Israel que el número de muertos civiles es «demasiado alto». Pero los ataques israelíes han continuado en Gaza y después del discurso de Netanyahu el sábado, es poco probable que Israel tenga intenciones de poner fin a la guerra pronto.

Como señaló el primer ministro israelí en su discurso el sábado, los combates no cesarán hasta que Hamás sea “eliminado”. Así, el futuro de la región y de decenas de miles de civiles que están viviendo en condiciones que han sido descritas de “intolerables” en Gaza, parece sumamente sombrío.

fuente BBC foto portada GettyImages

Sudáfrica acusa ante el Tribunal de la ONU al “más alto nivel” del Gobierno israelí de incitar al genocidio en Gaza.

Pretoria solicita a los jueces medidas cautelares que paralicen la ofensiva del Ejecutivo de Netanyahu.

Sudáfrica ha acusado este jueves a Israel de estar cometiendo “actos genocidas” en Gaza y ha pedido al Tribunal Internacional de Justicia de la ONU (TIJ) que paralice la ofensiva militar israelí en la Franja. La demanda presentada por el Gobierno de Pretoria solicita a los 15 jueces del órgano judicial que dicten medidas cautelares. Es una solución de emergencia porque, según los expertos sudafricanos, este es “el primer genocidio de la historia

Tal Becker (izquierda), Consejero Jurídico del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, y el abogado Malcolm Shaw, este jueves antes de la vista del caso de genocidio contra Israel, presentado por Sudáfrica, en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.REMKO DE WAAL (EFE)

Israel elige para el juicio de La Haya a su jurista más prestigioso, crítico con Netanyahu y superviviente del Holocausto

Aharon Barak, de 87 años, integra el panel de jueces que estudiará la acusación de genocidio en Gaza. Bestia negra de la derecha más extrema, se convirtió en símbolo durante las manifestaciones contra la reforma judicial

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Ministros y diputados israelíes han efectuado declaraciones deshumanizadoras o en defensa, directa o indirectamente, del asesinato de civiles palestinos. Figuran en la demanda presentada al tribunal como muestra de “incitación al genocidio”

fuente elpais.com