La desgracia de un ex presidente estadounidense.Este procesamiento de Donald Trump fue desacertado y contraproducente

Por primera vez un ex presidente estadounidense ha sido condenado por un delito grave: de hecho, 34 delitos graves. Esta desgracia histórica debería conmocionar a la nación y tranquilizarla sobre su capacidad para lograr justicia. El hecho de que la condena de Donald Trump probablemente no logre ningún resultado demuestra en parte el poder corrosivo de la desvergüenza de Trump y en parte la naturaleza compleja y discutible de los cargos presentados en su contra.

Un jurado compuesto por pares de Trump sopesó las pruebas y lo condenó unánimemente por violar la ley electoral al encubrir pagos de dinero para mantener su silencio a una estrella porno, Stormy Daniels, quien dice que tuvo una aventura con él. En sí mismo, el resultado parecería reivindicar un principio estadounidense fundamental: que ningún ciudadano está fuera del alcance de la justicia. Sin embargo, a largo plazo, este procesamiento probablemente hará más para debilitar que afirmar el Estado de derecho.

Los expertos legales han citado numerosas vías para una apelación creíble, y cualquier apelación no se resolverá hasta mucho después de las elecciones de noviembre. Eso hará que sea aún más fácil para los partidarios de Trump aceptar sus argumentos de que es víctima de un juez y un jurado parciales. Este veredicto es particularmente vulnerable a la apelación debido a la falta de un precedente claro para los cargos que el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, decidió presentar.

La falsificación de gastos comerciales es un delito menor según la ley de Nueva York, pero al argumentar que ese delito se cometió para cometer u ocultar otro, Bragg pudo acusar a Trump de delitos graves. Los fiscales argumentaron, y el juez Juan Merchán estuvo de acuerdo, que los jurados ni siquiera tenían que ponerse de acuerdo sobre exactamente qué otra ley violó Trump, lo que resultó en una vaguedad que seguramente será uno de los motivos de apelación. Bragg, un demócrata, fue elegido para su cargo después de alardear de que estaba más calificado para procesar a Trump, lo que le dio al expresidente más argumentos para decir que es víctima de persecución política por parte de los aliados de su oponente, el presidente Joe Biden.

El hecho de que este veredicto sea particularmente vulnerable a las afirmaciones de Trump de que el sistema de justicia está siendo “un arma” contra él puede parecer una razón perversa para criticarlo. Ninguna figura política debería poder mantener a la ley como rehén, extorsionando la inmunidad judicial a cambio de no degradar el sistema de justicia a los ojos de sus seguidores. Pero los fiscales ejercen una amplia discreción a la hora de elegir qué casos presentar, y por buenas razones. Se supone que deben considerar no sólo la probabilidad de condena sino también la gravedad del delito y el interés público en juego. El predecesor de Bragg, así como el Departamento de Justicia de Biden, consideraron presentar versiones de estos cargos y optaron por no hacerlo. En comparación con los otros casos pendientes contra Trump, éste siempre pareció demasiado complicado para lograr una legitimidad pública generalizada, y las encuestas previas a la condena sugirieron que ni siquiera eso aumentará la fe en que se está haciendo justicia.

Además, este procesamiento ha hecho más para ayudar que perjudicar las posibilidades de Trump de recuperar la Casa Blanca y, como debería haber dejado claro la insurrección del 6 de enero de 2021, ese es un peligro mayor para el estado de derecho que cualquier libro fraudulento. -acuerdo. Estaba decayendo como fuerza política antes de que Bragg lo acusara en abril de 2023. La acusación volvió a poner a Trump en el centro de atención, e incluso sus críticos republicanos, incluidos sus oponentes a la nominación, se alinearon y respaldaron sus afirmaciones de victimización. Trump repuntó entre los republicanos en las encuestas y comenzó su marcha hacia la nominación. Su orgulloso desafío a la fiscalía, incluida su reciente manifestación ante miles de seguidores en el sur del Bronx, ha contribuido a su imagen de fuerza. La deslucida campaña de Biden ha luchado por aprovechar los problemas legales de Trump sin dar crédito implícitamente a las sospechas de que son políticos.

Cuando Bragg presentó su caso, dijo que quería establecer la importancia de “mantener registros verdaderos y precisos”. En el juicio, los fiscales argumentaron que había mucho más en juego, diciendo que el mantenimiento fraudulento de registros de Trump pudo haberle permitido “engañar a los votantes” y ganar en 2016. Tal vez esta condena, como sugieren algunas encuestas, haga que los votantes de mentalidad independiente abandonen Señor Trump. De lo contrario, pagarle dinero para que mantenga su silencio podría ayudar a que Trump sea elegido por segunda vez.

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Por qué en México no hay segunda vuelta electoral y el gobierno dura 6 años (en contraste con lo que ocurre en la mayor parte de América Latina)

Author,Redacción*Role,BBC News Mundo

Es una práctica extendida por casi toda América Latina: cuando en una elección presidencial ningún candidato alcanza una mayoría clara, se realiza una segunda votación para definir al ganador entre los que quedaron en mejor posición.

Eso no ocurre en México, uno de los seis países de Latinoamérica donde no existe segunda vuelta electoral, con Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Venezuela.

Además, México y Venezuela son los dos únicos países de la región donde el presidente gobierna seis años.

En México en los últimos 20 años se han realizado intentos por establecer la segunda vuelta, pero sin éxito.

La discusión se reactiva en contiendas competidas o con alguna controversia, pero hasta ahora prevalece el método de mayoría relativa para elegir al presidente de la república, gobernadores, alcaldes, legisladores y la mayoría de los cargos públicos.

Es decir, gana quien obtiene el mayor número de votos.

El actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, ganó en 2018 con un 53% de apoyo del electorado, pero en los cuatro comicios presidenciales anteriores ningún candidato superó el 50% de los votos.

Queda por ver qué pasará el próximo 2 de junio, cuando los mexicanos acudan de nuevo a las urnas, posiblemente para elegir a su primera presidenta entre las dos mujeres que lideran los sondeos.

Cuestión de legitimidad

El sistema de segunda vuelta o balotaje (como también se conoce por su origen, ballotage) nació en Francia en la década de 1850 y desde entonces fue adoptado por otros países para las elecciones de jefes de Estado y congresistas.

Aunque tiene varias modalidades, la idea central es que si ningún candidato obtiene un umbral mínimo de votos (regularmente más del 50%), aquellos dos que hayan sido mayormente respaldados en las urnas en esa primera jornada o «vuelta» avanzan a una segunda en donde uno sí logra el triunfo absoluto.

«El propósito básico del método de segunda vuelta es lograr que el candidato o lista vencedora, sea en la primera o segunda vuelta, tenga tras sí una mayoría considerable de votación, confiriéndole así una mayor legitimación«, explica el politólogo Gustavo Ernesto Emerich en su análisis «La Segunda Vuelta Electoral: modalidades, experiencias y consecuencias políticas».

Los candidatos que superan la primera vuelta tienen que echar mano de la negociación política con fuerzas que quedaron en el camino, lo cual, en teoría, conduce a gobiernos que representan a una mayoría del espectro político de un país.

En el caso de América Latina, Costa Rica fue el primer país en adoptar el sistema en 1949 y desde entonces se sumaron Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Perú, República Dominicana y Uruguay.

Nicaragua también contemplaba la segunda vuelta, pero en 2021 una reforma impulsada por el presidente la eliminó.

Emerich hace notar que la segunda vuelta no siempre sirvió a los objetivos de legitimación y equilibrio esperados. Pone de ejemplo a Alberto Fujimori en Perú, que ganó en dos vueltas en 1992 y después usó su poder para eliminar a la disidencia.

Los presidentes Fernando Collor de Mello (Brasil), Abdalá Bucaram o Jamil Mahuad (Ecuador) fueron derrocados pese a tener la legitimación de la segunda vuelta.

El sistema «parece no estar directamente relacionado con la estabilidad política que se pretende lograr con él», considera Emerich.

Segunda vuelta «innecesaria» bajo el PRI

En el caso de México, a lo largo de casi todo el siglo XX la hegemonía política del Partido Revolucionario Institucional (PRI) hizo prescindible una segunda votación.

En casi todas las elecciones en las que ganó el PRI (entre 1928 y 1994), sus candidatos siempre obtuvieron una clara victoria. De hecho hubo una elección presidencial (1976) en la que solo apareció en las boletas el nombre del candidato oficialista, sin ningún rival.

Pero a partir de 1988 se hizo evidente una competencia cada vez más dura en la que los resultados eran más estrechos, lo que hacía lógica la necesidad de una segunda vuelta. Carlos Salinas de Gortari fue declarado ganador ese año entre fuertes reclamos de fraude.

Y en 1994 Ernesto Zedillo no alcanzó la marca del 50% de los votos (48%).

Pero ni esos resultados ni los posteriores llevaron a los legisladores a tener un consenso para cambiar la Constitución y exigir que quien ganara lo hiciera con el respaldo de más de la mitad de los votantes.

Un tema que no se cuestiona en México

Para los expertos en materia política, con una segunda vuelta México pudo haberse evitado problemas electorales como los vistos en las últimas décadas en elecciones presidenciales, estatales y locales donde no se alcanzó una clara mayoría.

Además de las cuestionadas elecciones de 1988 y la caída por debajo del umbral del 50% seis años después, el escenario político vio en 1997 al PRI perder por primera vez la mayoría en la Cámara de Diputados.

A partir de ese momento y hasta 2018, ninguno de los presidentes del país logró un respaldo superior a la mitad de los votantes registrados: Vicente Fox ganó con un 42%; Felipe Calderón con un polémico 36,38% y solo 0,56% de ventaja; y Enrique Peña Nieto solo alcanzó el 38% de los sufragios.

Eso significó que fueron más los votantes que eligieron otra opción que la que terminó por asumir la presidencia de México.

Calderón impulsó en 2009 y 2012 iniciativas para legalizar una segunda ronda de votaciones en contiendas con resultado competido.

Esas propuestas se sumaron a las de una veintena de diputados y senadores que tuvieron el mismo resultado: quedaron archivadas en los pendientes legislativos.

López Obrador, en cambio, ganó con más del 53% de apoyo electoral.

Un mandato de 6 años

Otra de las peculiaridades del sistema mexicano es el mandato de seis años que tiene un presidente.

Venezuela y México son los dos únicos países de América Latina donde el periodo de gobierno es sexenal. En el resto de los países de la región, los presidentes están al frente del gobierno por cuatro o cinco años, con posibilidad de reelección.

En México, una de las consecuencias de la Revolución Mexicana que sigue vigente es la no reelección bajo ninguna circunstancia.

La Constitución de 1917 emanada del conflicto -y del gobierno autoritario de 30 años de Porfirio Díaz- así lo estableció, aunque con un periodo de gobierno de cuatro años.

El presidente Álvaro Obregón (1920-1924), uno de los generales revolucionarios, tenía la intención de volver a ocupar la presidencia. Para lograrlo, promovió con sus correligionarios en el Congreso reformas a la Constitución, una de las cuales amplió el periodo de cuatro a seis años.

Sin embargo, el clima social y político de la época no le favoreció, explica el historiador Héctor Luis Zarauz. «Se vivía entonces un momento de emergencia social de obreros y campesinos que demandaban el ideario social de la Revolución», explica en un análisis de la época.

Obregón fue asesinado en julio de 1928 y nunca se consumó la eliminación del candado antirreeleccionista constitucional. Pero se mantuvo el periodo de seis años desde entonces.

Por ello los presidentes de México han ocupado el cargo durante un sexenio.

López Obrador, sin embargo, no cumplirá los seis años, pues su mandato es el primero bajo la modificación constitucional de 2014 para acotar el periodo que había entre la elección y la toma de posesión, que pasó del 1 de diciembre al 1 de octubre.

López Obrador, por tanto, gobernará dos meses menos que sus predecesores.

*Con reportería del periodista Alberto Nájar.