La UE endurece su política migratoria con las bases legales para centros de retorno en el extranjeroEl Consejo de la Unión Europea aprobó este lunes 8 de diciembre de 2025 un endurecimiento sustancial de las políticas migratorias mediante dos regulaciones fundamentales: la reforma del concepto de «tercer país seguro» y la aprobación de un nuevo reglamento de retornos, el cual que las puertas legales a los centros de detención de migrantes fuera del territorio comunitario.
Los países de la Unión Europea pactaron este 8 de diciembre una serie de acuerdos sobre el llamado Reglamento de Retorno, que permitirá la creación de centros en el extranjero para expulsar a migrantes que hayan recibido una orden de expulsión tras el rechazo de su solicitud de asilo.
Hasta ahora, la normativa vigente ordena que debe existir una «conexión significativa» entre el solicitante de asilo rechazado y el país al que sería devuelto. Ese nexo podía ser por nacionalidad, residencia anterior, o vínculos familiares.
Sin embargo, ahora el nuevo marco jurídico elimina ese requisito al aclarar que los Estados miembros podrán considerar «seguro» un país para una devolución si el migrante transitó por él en su camino hacia Europa, aun cuando no haya llegado a detenerse allí.
El otro supuesto es la existencia de un tratado bilateral entre el país en el que se encuentra el migrante y una tercera nación. «El acuerdo de hoy permitirá que tanto la UE como uno o más Estados miembros lleguen a un acuerdo con un tercer país sobre centros de retorno», celebró el ministro de Exteriores danés, Rasmus Stoklund.
Se trata de la primera base legal europea para crear centros de detención de migrantes en terceros países, que funcionarán bajo acuerdos bilaterales entre Estados miembros de la UE y países terceros no comunitarios, inspirados en el modelo italo-albanés.
La idea no fue bien recibida por el ministro español de Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien expresó “serias dudas jurídicas, políticas y económicas” sobre los centros de retorno. Además, advirtió posibles repercusiones en un “impacto negativo” en las relaciones bilaterales con socios clave en la prevención de la migración irregular en origen.
El reglamento aprobado por el Consejo de la UE establece las condiciones para la firma de acuerdos o convenios para crear los centros de retorno en terceros países. Por ejemplo, solo podrán instalarse en una nación donde se respeten las normas internacionales de derechos humanos y los principios del derecho internacional.
Las familias y los menores no acompañados no podrán ser enviados a estos centros. Además, la UE establecerá un mecanismo de supervisión para monitorizar posibles violaciones de derechos fundamentales, aunque los detalles de estas comprobaciones aún no están definidos.
“Estas nuevas leyes de migración de la UE tienen como objetivo establecer procedimientos de asilo más rápidos y eficaces para quienes no deberían recibir protección dentro de la UE”, señaló el Consejo de la UE en un comunicado emitido tras la votación.
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Retoque al concepto de «tercer país seguro»
La UE alcanzó este lunes un consenso con relación a la figura del «tercer país seguro», un instrumento jurídico que permite a los Estados miembros rechazar una solicitud de asilo por inadmisible sin examinar su contenido, siempre que consideren que el migrante podría haber solicitado y recibido protección efectiva en un país que no es miembro de la Unión Europea.
En mayo de 2025, Amnistía Internacional calificó los esfuerzos europeos por reformar el concepto de tercer país seguro como «un cínico intento de degradar derechos y descargarse de responsabilidades en materia de asilo».
Sundberg Diez, responsable de la entidad ante la UE sobre cuestiones de migración y asilo manifestó que la alianza comunitaria «debería invertir en sus propios sistemas de asilo y permitir que quienes han solicitado asilo comiencen a rehacer sus vidas, en lugar de dedicar tiempo y recursos ingentes a descargar sus responsabilidades en otros países».
Seis meses después, la UE ha compartido la primera lista de países que considera «seguros», en la que se incluye a Colombia, Marruecos, Bangladesh, Egipto, India, Kosovo y Túnez.
Los solicitantes de asilo que apelen una decisión de inadmisibilidad basada en el concepto de tercer país seguro ya no tendrán derecho automático a permanecer en la UE, mientras dure el proceso, aunque aún podrán solicitarlo ante un tribunal.
La normativa sobre el concepto de tercer país seguro fue aprobada, a pesar del rechazo de España, Francia y Portugal.
La ministra delegada de París, Marie-Pierre Vedrenne, manifestó durante el debate que la normativa «entraña riesgos políticos, sociales y constitucionales», ya que, a su juicio, existe el peligro de que los Estados que no apliquen el concepto de país seguro «de manera extensa pueden ser víctimas de movimientos secundarios».
Fernando Grande-Marlaska, ministro español de Interior, rechazó el texto por considerar que «rompe con la integridad» del pacto migratorio y de asilo al «modificar un elemento que fue crucial sobre el mismo».Portugal coincidió en las dudas sobre la normativa con España y Francia mostrarse preocupado por renunciar al criterio de conexión con el país.
En contra parte, Alemania justificó su apoyo a la propuesta al afirmar que «da un marco mucho más pragmático que respeta las obligaciones internacionales».
El comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, indicó que estas medidas «ayudarán a procesar las solicitudes de manera más efectiva y reducirán presión sobre los sistemas de asilo».Exigencias a inmigrantes en estatus irregular
En un contexto en el que tres de cada cuatro migrantes irregulares que reciben una orden de retorno en la UE no abandonan el país, el ministro danés, Rasmus Stoklund, cuyo país preside el Consejo de la UE, celebró las medidas adoptadas por el órgano comunitario.
«Creo que el nuevo conjunto de normas puede contribuir significativamente a mejorar estas cifras. Por primera vez, los nacionales de terceros países en situación irregular tendrán obligaciones», expresó el danés, conocido por un discurso combativo contra la migración irregular.
La nueva legislación impondrá a los inmigrantes rechazados en el proceso de asilo permanecer a disposición de las autoridades, proporcionarles un documento de identidad o de viaje, facilitar sus datos biométricos y no oponerse fraudulentamente al retorno.
También habrá consecuencias para los inmigrantes no cooperen con el regreso, como la denegación o deducción de prestaciones, subsidios, así como de permisos de trabajo o la imposición de sanciones penales que podrían incluir penas de prisión.
El reglamento establece medidas especiales para las personas que representan un riesgo para la seguridad, como la prohibición de entrada que supere el plazo máximo habitual de diez años, o incluso un veto de ingreso indefinido.
Además, introducirá una orden europea de retorno (ORE), un formulario en el que los Estados miembros deberán insertar los elementos de la decisión de retorno y que se incluirá en el Sistema de Información de Schengen.
Reubicaciones subvencionadas
La UE aprobó este lunes ejecutar 21.000 reubicaciones de migrantes desde los países que reciben más extranjeros –ubicados principalmente en la ribera del mediterráneo, desde la península ibérica hasta Grecia— hacia países con menos presión migratoria.
Además, las naciones con más llegadas de extranjeros en situación irregular serán respaldadas por un fondo de solidaridad que tendrá un presupuesto de 420 millones de euros.
La medida se quedó corta en comparación con la propuesta de Bruselas, que contemplaba un presupuesto de 600 millones y 30.000 reubicaciones.
El organismo comunitario explicó que algunos países podrían solicitar una deducción total o parcial de sus contribuciones al fondo común de solidaridad, debido a la presión migratoria acumulada en los años anteriores.
Austria, Chequia, Bulgaria, Croacia, Polonia y Estonia son los países beneficiados con la exención, de los cuales solo Bulgaria falta por pedirla para 2026.
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