La denuncia por violencia de género contra el expresidente de Argentina Alberto Fernández, a quien la exprimera dama acusa de «terror psicológico»
foto -expresidente argentino Fernandez y esposa getty images
Una investigación por presunta corrupción contra el expresidente de Argentina Alberto Fernández, el antecesor de Javier Milei, dio un giro inesperado esta semana cuando se reveló que la Justicia halló evidencias de maltrato de Fernández contra su expareja, la que fuera primera dama Fabiola Yañez.
Este martes, Yañez -quien hoy vive en España- denunció a Fernández por violencia de género, acusándolo de haberla golpeado y amenazado, cargos que él niega.
La denuncia fue ante el mismo juez que investiga al exmandatario por supuestas irregularidades en la contratación de seguros para la administración pública durante su gestión, entre 2019 y 2023.
Fue en el marco de esa investigación que el magistrado federal Julián Ercolini ordenó que se revise el celular de la secretaria privada de Fernández, donde se habrían hallado mensajes viejos enviados por Yañez -entonces primera dama- denunciando presuntos episodios de maltrato.
A través de un comunicado, Fernández desmintió las acusaciones en su contra.
“Enterado por los medios de comunicación de la denuncia de Fabiola Yañez en mi contra, quiero expresar que la verdad de los hechos es otra«, aseguró.
«Solo voy a decir que es falso y que jamás ocurrió lo que ahora me imputa».
«Por la integridad de mis hijos, de mi persona, y también de la propia Fabiola, no voy a hacer declaraciones mediáticas, sino que aportaré ante la justicia las pruebas y testimonios que dejarán en evidencia lo que realmente ocurrió», cerró.
Además de enfrentar esta denuncia por violencia de género, Fernández aún es investigado por el llamado «escándalo de los seguros».
Esta causa investiga supuestas irregularidades cometidas a partir de otro decreto firmado por Fernández en 2021, que obligaba a la Administración nacional a contratar pólizas a través de Nación Seguros, de capitales públicos.
La Justicia analiza si ese decreto habilitó la contratación de intermediarios que percibieron comisiones millonarias por encima del valor de mercado.