Veintidós estados y varias asociaciones llevan a los tribunales los decretos migratorios de Trump

Creen que es inconstitucional intentar privar de derechos a los nacidos en EEUU aunque los padres no tengan papeles Estados Unidos amaneció este martes con resaca tras una larga jornada de actos, anuncios y celebraciones en la capital. Donald Trump está de vuelta, con más poder que nunca, mucha fuerza y pocos frenos. La oposición está debilitada, en Congreso en manos republicanas y, como ocurrió en 2016, hay una ola arrolladora de energía conservadora, trumpista, radical también. Personas, grupos, colectivos e ideas que se ven reivindicadas y quieren aprovechar al máximo su momento.

El gran freno, en las próximas semanas, no va llegar directamente de la política. El campo de batalla está ya, una vez más en los tribunales. El nuevo presidente firmó un torrente de órdenes ejecutivas en sus primeras horas en la Casa Blanca, con propuestas concretas o simplemente tumbando hasta 78 de las iniciativas de su predecesor, Joe Biden. Y con ello arrancó también una lucha medida a medida ante los jueces.

Declaró, entre otras cosas, una emergencia nacional en la frontera sur, un perdón masivo para más de 1.500 condenados por el asalto al Capitolio, que ya están dejando las cárceles arropados por sus familias, aliados e incluso congresistas. La salida del Acuerdo climático de París o de la Organización Mundial de la Salud. El cerrojo a los programas de diversidad o los fondos para políticas de género. Además de una prórroga para que TikTok encuentre una solución y pueda adaptarse a la nueva legislación estadounidense.Este martes, 22 estados y unas cuantas asociaciones de derechos civiles han presentado ya la primera ronda de denuncias para frenar órdenes como las que quieren privar de derechos a los nacidos en EEUU, aunque sea de padres sin residencia o papeles. O las que buscan desmontar lo que se conoce como ‘ciudades santuario’, amenazando con redadas masivas de los servicios migratorios en Chicago, por ejemplo.

Los fiscales generales de esos 22 estados acudieron a un tribunal de Massachusetts para bloquear la orden ejecutiva que insta a no reconocer como ciudadanos a los hijos de inmigrantes no autorizados nacidos en Estados Unidos, e incluso de quienes sí lo están, aunque de forma temporal con permisos de estudios. Algo ilegal, «extraordinario y extremo», en palabras del fiscal de Nueva Jersey, Matthew J. Platkin, quien lidera la batalla legal junto con sus colegas de California y Massachusetts. «Los presidentes son poderosos, pero él no es un rey. No puede reescribir la Constitución de un plumazo«, dicen en su escrito.

La orden ejecutiva de Trump afirma que esos niños no estarían «sujetos a la jurisdicción» de Estados Unidos y, por lo tanto, no están cubiertos por la garantía proporcionada por la Decimocuarta Enmienda, yendo contra más de un siglo de jurisprudencia. En todo este tiempo, los tribunales sólo han reconocido una excepción: los hijos de diplomáticos. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles y los Abogados por los Derechos Civiles presentaron sendas denuncias en dos estados sumándose en nombre de los padres cuyos hijos no serían elegibles para la ciudadanía.

Pero la lucha ahora va a ser feroz. Hay jueces federales, y los equipos jurídicos de gobernadores republicanos en estados fronterizos, que creen que Trump tiene razón y el país está en una situación única, no en guerra pero sí sometido a algún tipo de «invasión». De ahí, de hecho, la obsesión desde hace meses de Trump de invocar la Ley de 1798 que regula precisamente las invasiones extranjeras.

En todo caso, la interpretación general es que estos primeros días son ante todo una demostración de fuerza, para dentro y para fuera. Un desahogo, una declaración de principios. Pero luego, los pasos importantes deben articularse siguiendo los cauces habituales. Se puede fijar posición desde el Despacho Oval, pero no se puede gobernar EEUU a base de decretos. El mejor ejemplo es quizás la orden ejecutiva que Barack Obama firmó en 2009 ordenando el cierre de la base de Guantánamo, que 15 años después sigo operativa y con presos.

¿Por qué? La posición típica del Tribunal Supremo cuando ha tenido que pronunciarse ha establecido que el Ejecutivo no puede resolver por su cuenta las «cuestiones importantes», ni escudarse en situaciones excepcionales o intentar resolver todos los problemas con emergencias nacionales. Por eso este martes el presidente se verá con los líderes republicanos de Senado y Cámara de Representantes para preparar el terreno legislativo, antes de hacer un anuncio de inversiones masivas del sector privado en materia de IA, con hasta medio billón de dólares.

En una demanda a la que tuvo acceso The Washington Post, el bufete de abogados de interés público National Security Counselors argumenta que DOGE, el extraño organismo dirigido por Elon Musk para reducir el tamaño del Estado y ahorrar hasta dos billones de dólares, viola reglas en vigor desde 50 años, como la Ley del Comité Asesor Federal, que requiere que los comités asesores del poder ejecutivo sigan reglas específicas sobre divulgación, contratación, conflictos de interés y otras prácticas.

Pero una cosa es la ley y otra su espíritu. Una son los pesos y contrapesos del sistema, y otra la fuerza de un liderazgo. El mensaje para muchos, en EEUU y fuera, es que ahora hay carta blanca o al menos mucho más margen. Lo piensan grupos radicales como los Proud Boys o los Oath Keapers, cuyos líderes, condenados hasta 22 años de prisión, fueron liberados el mismo lunes tras firmar Trump perdones y conmutación de penas para los que asaltaron el Capitolio.

Lo piensan congresistas como el republicano Andy Ogles, de Tennesseee, que no sólo ha presentado una iniciativa para que EEUU pueda comprar Groenlandia, sino que no tiene tapujos en decir en televisión que la isla debe pertenecer a EEUU porque en esa zona se juegan los intereses nacionales y la primera potencia militar del planeta es «el depredador dominante».

Lo piensan desde luego los grupos de colonos judíos que, liberados de las sanciones impuestas por Joe Biden, inmediatamente se lanzaron a atacar los pueblos palestinos de Cisjordania con la complicidad del Ejército israelí. Y lo sufren ex altos cargos históricos como John Bolton, que fue asesor de seguridad nacional de Trump, ha acabado siendo uno de sus principales detractores y al que el presidente odia tanto que ordenó, ayer mismo, quitarle la escolta del Servicio Secreto, a pesar de las amenazas de muerte de Irán y la detención de sicarios prestos para ejecutarlas en 2022.

EEUU está en un giro nacional, nacionalista y está por ver si expansionista, con las amenazas a Panamá, Canadá, México o Groenlandia, por ejemplo. Trump ha llegado como una apisonadora y muchos, desde los principales multimillonarios del planeta o las asociaciones históricamente más sensibles (como la Liga Antidifamación judía, que ha instado a respirar en profundidad y no tomarse al pie de la letra el polémico gesto de Elon Musk con un brazo en alto al estilo romano en el acto de celebración del lunes) tienen miedo o poca voluntad e intención de ponerse en contra.Por la mañana, el presidente Trump y el vicepresidente J.D Vance, recientemente convertido al catolicismo, estuvieron en la primera fila para un servicio matutino en la Catedral Nacional oficiado por la obispa Mariann Edgar Budde. En su mensaje, la líder de la diócesis episcopal de la capital les recordó que la unidad requiere «honestidad, humildad y honrar la dignidad» de todos los seres humanos y oponerse a «las burlas o demonizar» a otros.

En su conclusión, quizás con el ruego más directo hasta la fecha, Budde fue incluso más allá, rogando a la nueva administración que «tenga piedad de la gente de nuestro país que ahora está asustada», nombrando en concreto al colectivo LGBTQ, a los inmigrantes y los refugiados. «Le pido que tenga piedad, señor presidente», porque «todos fuimos una vez extranjeros en esta tierra».

Pablo R. Suanzes Corresponsal Washington