“Maldonado es un polo de atracción de muchísimas personas que luego no trabajan», dijo a Telemundo la directora general de Asuntos Jurídicos de la intendencia.
A pedido de la Cámara Empresarial local, en Maldonado se acordó un protocolo de aplicación de la llamada Ley de Vagancia. La intendencia, Policía, Fiscalía y Poder Judicial establecieron los pasos a seguir ante denuncias.
¿De qué se trata la norma en cuestión? La Ley N°10071 data del año 1941 y propone que “podrán ser declarados en estado peligroso las personas de ambos sexos, mayores de 21 años, comprendidas en las categorías que enuncia el artículo 2.o, cuando su conducta y su estado psicológico y moral, anteriores y actuales, evidencie que representan un peligro social”. ¿A quiénes abarca? La lista es larga e incluye categorías como: “los vagos, considerándose tales los que no teniendo medios lícitos de subsistencia, no ejerzan profesión u oficio y, siendo aptos para el trabajo, se entreguen a la ociosidad”; “los mendigos, considerándose tales los que, siendo aptos para el trabajo, se dedicaren -de modo habitual- a mendigar públicamente o, estando inhabilitados por invalidez, enfermedad o vejez, lo hicieren en lugares donde hubiere establecimientos destinados a asilarlos o socorrerlos; y los que vivan habitualmente de la mendicidad ajena, exploten a menores, enfermos o lisiados, o los instiguen a mendigar”; “los ebrios y toxicómanos habituales, que se embriaguen o intoxiquen en lugares públicos, y aun en lugares privados cuando -en ese estado- alteren el orden y constituyan un peligro para los demás”; los proxenetas; “los que observen conducta reveladora de inclinación al delito, manifestada por el trato asiduo y sin causa justificada, de delincuentes y personas de mal vivir, o por frecuentación -en las mismas condiciones- de lugares donde aquéllos se reúnan”; y “los que, requeridos legítimamente por la autoridad, no justifiquen la procedencia del dinero o efectos que guarden en su poder o que hubieren entregado a otros para su inversión o custodia, y también aquellos que, sin causa justificada, oculten su verdadero nombre, disimulen su personalidad, o usen o tengan documentos de identidad falsos u oculten los propios”.
¿Y qué propone la norma para esas personas? Las denominadas “medidas de seguridad” van desde internación en “un establecimiento de régimen de trabajo obligatorio, por tiempo indeterminado, que no será menor de un año ni mayor de cinco” o “aislamiento curativo, por tiempo indeterminado, hasta que se hubiere constatado la curación”, hasta “obligación de declarar domicilio, o de residir en lugar determinado, o prohibición de residir en determinado lugar o departamento, por el término que establezca la sentencia, y sometimiento a la vigilancia de la autoridad”.
Ahora, en el marco del nuevo rol de los fiscales y a pedido expreso de la Cámara Empresarial de Maldonado, se trabajó en un protocolo de accionar para poder aplicar la normativa en las calles del departamento.
“Se reunieron las partes, convocadas por la iniciativa privada, ante la falta de información de qué normas estarían vigentes, quiénes son los organismos competentes, quién tiene responsabilidad en cada uno de los temas”, afirmó a Telemundo la directora general de Asuntos Jurídicos de la Intendencia de Maldonado, Adriana Graziuso.
“La Policía interviene en todos los casos, ya sea en situación de delito o de desorden en cuanto a la paz pública. Y es a la Policía a quien primero debe acudirse”, agregó Graziuso.
El protocolo tiene como objetivo principal brindar pautas de actuación para todas las partes: ciudadanos, Ministerio del Interior, Fiscalía, Poder Judicial e intendencias en situaciones que afecten el orden público.
“Maldonado es un polo de atracción de muchísimas personas que luego no trabajan, y eso es así, está comprobado. Esta prevención redunda en beneficio de todos, incluso de esas personas, porque es una forma de obligar a una resocialización”, concluyó la jerarca.
FUENTE TELEDOCE
